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El acuerdo de sindicación que sellaron Llorenç Serra Ferrer y Gabriel Cerdà el pasado 24 de julio prohíbe de forma explícita un acuerdo entre terceros. O lo que es lo mismo, veta la posibilidad de que, por ejemplo, se establezca una alianza entre el máximo accionista y Utz Claassen en un escenario como el actual.

En el punto 1.2 del documento se estipula que «ninguna de las partes ejercerá, mientras esté en vigor este acuerdo, control o co-control en concierto con un tercero sobre RCD Mallorca, entendiendo únicamente por «control y co-control en concierto con un tercero» la designación, por sí misma o con un tercero concertado, de más de de tres miembros del consejo de administración de la compañía». De hecho, añade después que «para el supuesto que por acuerdos adoptados válidamente por la junta general, se acordase aumentar o reducir el número de miembros del consejo de administración, por encima/debajo del número actual [8 consejeros], el número de miembros del consejo por el que ejercerá el control o co-control se modificará para adecuarlo a la no pérdida de control del consejo por parte del grupo de accionistas que suscriben la presente sindicación».

El pacto, que consta de un total de 14 folios, especifica además que Tukis Invest SL, la sociedad representada por Cerdà, asumirá la presidencia del consejo y será «añadidamente responsable del área económica de marketing y social». Y que Serra Ferrer, además de ser el vicepresidente, ejercerá como «responsable del área deportiva e institucional. A su vez, en el punto referido al plan de negocio y control presupuestario (2.1.2) se recuerda que al propio Cerdà le corresponde la responsabilidad de la «confección del presupuesto y del plan de negocio de la entidad durante el plazo de duración del presente acuerdo», que es válido durante siete temporadas. O sea, hasta el 1 de julio del año 2020. Es más, si uno de los dos no solicita su ruptura en los dos meses anteriores a la fecha de vencimiento, el acuerdo se irá prorrogando en plazos de una temporada.

La sindicación deja muy claro que ambos «acudirán a las reuniones del consejo con una posición previamente consensuada y unitaria» y que en el caso de que sea imposible consensuar sus posiciones prevalecerá siempre la del presidente, Gabriel Cerdà. Si alguno de ellos vota de tal forma que no permitiese alcanzar los resultados que pretenden promover se podría proceder «incluso al cese de ese cargo y nombramiento de nuevo consejero y sin perjuicio de las reclamaciones que por daños y perjuicios puedan ejercerse».