El empresario acusado de corrupción en Platja de Palma calla en el juicio

El empresario Miguel Pascual Bibiloni guarda silencio. El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar en la primera sesión del juicio en el que se sienta en el banquillo junto a diez Policías Locales de Palma y un funcionario municipal por una supuesta trama de corrupción en Platja de Palma. La Fiscalía reclama para cada uno de los once acusados penas de cuatro años y medio de cárcel por cohecho.

La causa es un espejo casi idéntico de lo que ya se juzgó hace dos años en el 'caso Cursach' con diferente empresario. De hecho coinciden varios acusados y buena parte del relato, que sale de la misma investigación. Este es el último de los juicios a celebrar en la Audiencia por toda la trama investigada en su momento por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos condenados a nueve años de cárcel por el TSJIB. Sigue a las absoluciones del 'caso Cursach', la pieza de Calvià y la condena mínima por la supuesta filtración de exámenes en la Policía Local de Palma.

La investigación en torno a Pascual es anterior a la de Cursach y permaneció durante años aparcada en instrucción. Se refiere a hechos supuestamente ocurridos entre el año 2007 y 2015. La Fiscalía afirma en su calificación provisional que a cambio de recibir avisos de inspecciones y de un trato favorable por parte de la policía, Pascual invitaba a los agentes a consumiciones y servicios sexuales. La mayoría de los agentes enjuiciados trabajaban entonces en la misma unidad, el GAP o en la noctura, no en la Patrulla Verde como en el 'caso Cursach'. El empresario ya fue juzgado hace cinco años por una serie de delitos en torno a la prostitución y fue absuelto después de que una serie de testigos protegidas se negaran a declarar en aquella vista.

El juicio ha arrancado con una batería de cuestiones previas. Las defensas denuncian lo inconcreto de la acusación de la Fiscalía al establecer un arco temporal de ocho años que cocha con los destinos que tenían algunos de los policías acusados que, en dos casos ya se habían jubilado en parte de ese arco temporal. El tribunal, de la Sección Primera de la Audiencia, decidirá en la sentencia. El primero de los acusados en pasar al estrado fue Pascual, que decidió no responder a ninguna pregunta. Después de él, el subinspector Bartolomé Capó, de la Policía Local, negó cualquier aviso y el haber recibido prebendas «ni del señor Pascual ni de nadie». Explicó que no trabajó en Platja de Palma desde el año 2005. Fue el único en responder al fiscal, Juan Carrau y dijo que siempre que fue a los locales del empresario «pasaba por caja y abonaba la consumición».