El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, en una imagen de archivo. | Alejandro Sepúlveda

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El tribunal del TSJIB que juzgará al ex juez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán da vía libre a la mayoría de los testigos propuestos para el juicio. La primera decisión de la Sala, el auto en el que admite la prueba, apenas toca la propuesta por las acusaciones y permite la declaración de los 50 testigos propuestos por la Fiscalía. Sí recorta 95 de los planteados por el ex juez y el ex fiscal para su defensa, pero de estos, nueve decenas responden a personas que fueron grabadas por Subirán para que dijeran que no habían sido coaccionados durante sus interrogatorios. El TSJIB considera que es innecesario que declaren. Los otros siete testigos que no tendrán que declarar son el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, la primera instructora del ‘caso Cursach’, Carmen González y otros fiscales. El tribunal considera que «carecen de interés» para lo que se trata en el juicio.

tendrán que comparecer en el juicio el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau y el juez instructor que abrió la investigación que ahora desemboca en el juicio, Miquel Florit. También ha dado luz verde el tribunal a la comparecencia de varios funcionarios del juzgado de Instrucción 12 y al que era entonces letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial.

Todo el auto de la Sala intenta dejar claro a las partes que el juicio se debe ceñir a si Penalva y Subirán «se pudieron extralimitar en sus métodos y en los procedimientos que siguieron» o si vulneraron el deber de secreto: «El enjuiciamiento de esta causa tiene unos hechos muy concretos y no se trata de examinar la labor de los acusados en la causa Cursach y sus derivadas, ni si las pesquisas estaban debidamente fundamentadas o no», aclaran. Insisten en que no es relevante cómo acabaron esas causas sino qué elementos tenían Penalva y Subirán para actuar durante la instrucción. Dejan así fuera todas las alusiones al juicio del ‘caso Cursach’, a la retirada de acusación por parte de la Fiscalía y a las decisiones internas del Ministerio Público, un frente en el que pretendían entrar Penalva y Subirán. Ambos responsables de la instrucción afrontan peticiones de cárcel de más de cien años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, entre otras cosas por quince detenciones ilegales.