Fachada del edificio de la Delegación de Defensa donde este martes el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, acoge la vista oral contra un sargento acusado por la muerte el 25 de marzo de 2019 de Alejandro Jiménez. | José Manuel Vidal

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El Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, ha iniciado este martes el juicio por la muerte por un disparo de fusil de Alejandro Jiménez, un legionario mallorquín de 21 años, durante un ejercicio de la brigada de la Legión con base en Almería desarrollado en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante), procedimiento que se dirige contra ocho militares, si bien el Ministerio Publico acusa tan solo a dos tenientes, un capitán y un sargento.

Al comienzo de la sesión, tras la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, la presidenta del tribunal ha denegado los dos aspectos solicitados por la defensa del sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil, a quien el Ministerio Público atribuye la autoría del disparo mortal. En concreto, ha sido denegado tanto su petición de que los acusados prestasen declaración tras la celebración de las pruebas testificales y periciales, como la nulidad de diferentes informes periciales por la posible «ruptura de la cadena de custodia» de diferentes elementos de prueba, como el chaleco de protección del efectivo fallecido o del fusil y los cartuchos de este militar acusado del disparo mortal, al transcurrir «cuatro días» desde los hechos hasta la orden de «entrega e incautación» de tales materiales, que habrían podido sufrir «una alteración» durante esos cuatro días fuera del «control judicial», según la defensa.

La presidenta del tribunal ha rechazado dicha petición de nulidad, a la que se opusieron además la Fiscalía y la acusación particular, al objeto de «valorar en su justa medida» las pruebas a lo largo de la vista y en la sentencia. A continuación, ha prestado declaración como acusado el sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil, para el cual la Fiscalía reclama siete años, cinco meses y 15 días de prisión, como presunto autor del disparo mortal. La Fiscalía sostiene que en un momento de las maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019, este sargento que encabezaba un pelotón en una maniobra de asalto a un merlón con cuatro blancos «mandó el alto el fuego y reconocimiento de los blancos cuando el pelotón estaba unos 20 metros de los mismos, cesando disparos y acercándose para su reconocimiento dos soldados, que dieron la novedad de 'blancos abatidos'».

Detalla el Ministerio Público que, a continuación, el sargento gritó «enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las doce, sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón».

Según la Fiscalía, la ejecución de ese nuevo objetivo se realizó «subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra», contexto en el que uno de esos disparos efectuados por el sargento «cuando se encontraba en pie, desde el merlón y a una distancia de unos 12,5 metros orientado a la posición» del legionario fallecido, Alejandro Jiménez, impactó sobre el mismo, «quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra o guardia baja, con su fusil orientado al suelo». El proyectil alcanzó el culatín del fusil de la víctima, «desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo», ocasionándole una herida fatal «por orificio de bala en hemitórax derecho».

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En ese sentido, el citado sargento ha reconocido que como «jefe del pelotón», promovió de «improviso» el «segundo objetivo» una vez culminado el asalto inicial al merlón. «Lo decidí sobre la marcha», ha manifestado, precisando eso sí que aunque sí efectuó disparos en la primera maniobra de asalto, en ningún momento hizo «fuego al segundo enemigo» fijado por él mismo. En ese sentido, el sargento encausado ha defendido en varias ocasiones que una vez él no disparó desde el merlón asaltado por el pelotón.

A colación, y a preguntas de la acusación particular, ha asegurado que «ninguna vez» ha disparado al aire por encima de las cabezas de otros efectivos para bromear, extremo que ha calificado de «aberración». En ese marco, ha manifestado ser consciente de los informes periciales según los cuales el proyectil que alcanzó al legionario fallecido procede del fusil que él usaba y que en el merlón asaltado fueron localizados siete casquillos de proyectiles disparados con dicha arma que él portaba. Esos informes periciales, según ha asegurado, son «totalmente erróneos». Así, ha ratificado que no efectuó siete disparos desde el merlón asaltado y que en ningún momento giró su fusil hacia su lado izquierdo, en el que se encontraba el efectivo fallecido.

Según ha dicho, tras escuchar cómo el soldado alcanzado por un disparo gritaba «me han dado» y caía «boca arriba», en ningún momento pensó que él pudiese ser el autor del disparo que había alcanzado al efectivo. Igualmente, el sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil ha alegado que, «sin ser experto en balística», a su entender el impacto recibido por el soldado fallecido derivaría de «un rebote» de una bala. «Es la única solución balística», ha dicho, una conclusión que según sus palabras habría alcanzado también, en aquel momento, el capitán A. Cabello, acusado igualmente en esta causa junto con el teniente R.G, por su supuesta participación en los hechos y también en la «alteración del escenario» que se produjo en el lugar donde sucedió el incidente.

Para el capitán, quien supuestamente habría trazado el plan para «encubrir» los hechos, el Ministerio Público pide cuatro años y seis meses de prisión, mientras que para el teniente pide penas que suman dos años y seis meses de cárcel, reclamando además cuatro años y medio de cárcel como coautor al otro teniente identificado como P.F. Saúl Antonio Guil ha asegurado además que el capitán Cabello no dio instrucciones a los efectivos para alterar las posiciones de disparo ante la Guardia Civil.

«Dijo: Decid la verdad», ha aseverado, asegurando que a la hora de reconstruir los hechos junto a los investigadores de la Benemérita, los efectivos se situaron conforme a las posiciones que consideraban correctas con relación a los hechos. «El capitán Cabello no dijo: Ponte aquí», ha aseverado. Y mientras la Fiscalía considera que este sargento habría «violentado e intimidado» a «testigos» para «influir directa o indirectamente» sobre ellos durante la investigación; él ha negado «coacciones», reconociendo que calificó de «maricón» a uno de los efectivos pero sólo de manera «jocosa». En ese sentido, ha considerado que durante la investigación han sido «envenenadas» algunas de sus declaraciones, que a su entender fueron «sacadas de contexto».

En su auto de procesamiento, recordémoslo, el juez apuntó que la «multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido» y la «evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones», lo que, según indicó, le llevó «necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido». A la salida del juicio, el padre de la víctima ha manifestado que el principal acusado «miente» y que «las pruebas periciales demostrarán» que disparó hacia donde estaba su hijo con un arma sobre la que, además, ha rechazado que se rompiera la cadena de custodia. «Sabe que disparó», ha aseverado Juan José Jiménez, quien confía en que la investigación judicial revele pruebas que incriminen a los acusados.