La Fiscalía reclama ahora una condena de ocho años de cárcel para el constructor por un delito de estafa agravada y una multa de 14.400 euros. Para su mujer y el socio de ambos solicita sendas penas de seis años y medio de prisión y la misma sanción económica. Los tres acusados deberán indemnizar de manera conjunta a los 15 perjudicados con más de medio millón de euros.
El Ministerio Público recoge en su escrito que el constructor Miquel T. constituyó la sociedad Grupo GRC Modular Mallorca en 2016. Su mujer también trabajaba en la empresa, que se dedicaba a la fabricación de fibrocemento y a la promoción inmobiliaria. El matrimonio utilizaba un sistema modular del que habría obtenido un certificado emitido por el instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja. El documento les permitía realizar el cerramiento de fachadas con paneles prefabricados con un material llamado GRC. El documento, en realidad, había sido falsificado por la pareja, que usó otro certificado que había sido emitido para otra empresa y sustituyeron el nombre de esta por la suya.
Miquel T. ya tenía antecedentes por delitos de falsedad en documento privado y estafa. El juzgado de Instrucción número 1 de Inca le condenó en octubre de 2016 a dos años de cárcel y una multa de 360 euros. La misma jueza le impuso un año y cuatro meses de prisión por los mismos delitos en 2017. El constructor, su mujer y el socio de ambos crearon su propia web y se anunciaron en otras páginas especializadas en la construcción, como Habitissimo, para captar clientes. Los procesados, según el relato del fiscal al que ha tenido acceso Última Hora, realizaban ofertas más bajas que las convencionales y pedían pagos por adelantado para construir las casas modulares.
Lo hicieron «a sabiendas de que no podrían construir al carecer de conocimientos técnicos necesarios y del personal adecuado para las prometidas construcciones», según la Fiscalía. El matrimonio y su socio llegaron a abrir unas oficinas en Inca. Los acusados iban cambiando el personal técnico de la empresa porque comerciales y arquitectos acababan marchándose por falta de pago del salario o por la imposibilidad de realizar su trabajo.
Miquel T., su mujer y su socio engañaron a 15 personas. Una pareja, asistida por el abogado Gregorio San José, reclama 12 años de cárcel para el constructor al que acusa de estafa, grupo criminal y falsedad en documento público. Las víctimas adelantaron 18.852 euros por una casa en Marratxí. El letrado Manuel Vich también representa a un hombre que perdió casi 60.000 euros.
4 comentarios
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Nombre del socio... por favor ¡¡¡¡¡¡ A mí, una Empresa Modular me estafó casi 40.000€
Con estos antecedentes seguro que estos dos años que ha estado esperando el juicio se habrá dedicado a "sus labores" . En fin, visto lo visto, en poco tiempo estarán en la calle para seguir emprendiendo nuevos "negocios"
Oído al parche: "La Guardia Civil los detuvo en febrero de 2020 y los tres quedaron en libertad.... a la espera de juicio". Y ahí lo dejo.
NADA!!!no les va a pasar nada,absolutamente nada…una multita y qué vuelvan a la calle hacer lo que tan bien saben hacer,delinquir.justicia obsoleta!!!