Gijón, en el Parlament, durante un pleno en pleno ‘caso ORA’. | Joan Torres

El exdiputado y exconcejal del PP, Álvaro Gijón, reclama al Tribunal Superior de Justicia de Balears que imponga una condena de 63 años de cárcel al juez Manuel Penalva y de 52 y medio al exfiscal Miguel Ángel Subirán. Su representación procesal incluye en su escrito de calificación provisional las detenciones de los padres y el hermano del político dentro de una maniobra continuada durante años de «presión psicológica y mediática sobre Álvaro Gijón para que dejase sus cargos y poder detenerlo».

Gijón fue el principal perseguido en el ‘caso ORA, la investigación fallida sobre un supuesto amaño en el concurso de este servicio municipal. Durante años fue investigado tanto en esa trama como en la pieza matriz del ‘caso Cursach con episodios como el arresto de sus familiares en el año 2017. Su calificación se basa en los mensajes del grupo de WhatsApp entre juez y fiscal y los agentes del Grupo de Blanqueo: «Jim Carrey que se joda, ese memo en la jaula». «Total porque duerman aquí los tres no les va a pasar nada» o «cuanto más blandito venga el príncipe de Asturias, mejor»

La calificación, suscrita por el abogado Oriol Rusca i Nadal, reclama también una indemnización de 1,2 millones de euros para Gijón, sus padres y su hermano. Hace responsable a los ministerios de Interior y Justicia de esas cantidades.

Los padres de Gijón fueron detenidos.

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El escrito relata que el ‘caso ORA’, que fue archivado finalmente, careció de cualquier fundamento desde su inicio. Arrancó con una denuncia de un testigo protegido, el 19, que dijo haber escuchado en la sede del PP de Balears que ese concurso había sido amañado y que Gijón y José María Rodríguez habían recibido 1,5 millones de euros. «A partir de dichas sospechas, sin fundamento ni investigación previa de su verosimilitud, los acusados decidieron actuar contra Álvaro Gijón mediante investigaciones meramente prospectiva, coaccionando a detenidos».

Afirma que las doce detenciones de los miembros de la mesa de contratación fueron ilegales y que solo pretendían presionarles para conseguir delaciones irreales. «Se les hizo declarar, mediante    engaños o promesas de que quedarían en libertad o sería transformada su situación personal a testigo, buscaron que declararan contra Álvaro Gijón mediante el miedo creado».

Padres

Unos meses después, tras no conseguir datos de esos arrestos, se puso en marcha la detención de los padres y el hermano de Gijón: «Los instrumentalizaron burdamente para hacer presión sobre su hijo». De acuerdo con los mensajes telefónicos, insiste la representación de Gijón que la intención era su dimisión. Pone como ejemplo uno de ellos: «A este, si tienen huevos para hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas. Sin miramientos». «Se buscaba su humillación y vejación», concluye la defensa.

Añade otros episodios, como la irrupción de la madame y las acusaciones de consumo de drogas y de prostitución a Gijón. El documento incide en el daño a la imagen público que sufrió: «Era un político de prestigio, con una gran proyección de futuro». Añade: «Se estaba actuando contra un cargo electo, que fue votado por pluralidad de ciudadanos, afectando así a los derechos civiles y políticos también de sus votantes. Lo que en el fondo es pretender una alteración de las reglas democráticas». La calificación también reclama penas que van desde los 37 a los 56 años de cárcel para cuatro agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.