Agentes de criminalística de la Guardia Civil. | Efe

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Forenses, Policía Nacional y Guardia Civil tienen una disputa por varias pruebas que ha provocado algún episodio pintoresco, quejas formales y tiene a los jueces de instrucción de las Islas adoptando criterios comunes para ver quién se queda con qué. El origen está en una orden ministerial que obliga al servicio de patología del Instituto de Patología Legal a remitir todas las muestras que recoge al Instituto Nacional de Toxicología, en el caso de Balears a Barcelona. Cuando el Instituto de Medicina Legal de Palma ha comenzado a seguir este criterio ha entrado en conflicto con determinadas funciones que, hasta ahora llevaban a cabo las unidades científicas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

La situación ha provocado una auténtica disputa por las pruebas con episodios como el ocurrido ante un fallecido que supuestamente se ahorcó hace unas semanas. La policía judicial se llevó la cuerda y los forenses protestaron porque era necesario para aclarar en la autopsia si era un suicidio u otro tipo de muerte. También el juzgado de guardia tuvo que mediar en una agresión sexual especialmente grave ocurrida en Calvià. Los forenses tenían muestras biológicas tomadas de la víctima y la policía judicial las que había obtenido en el coche. El juzgado tuvo que intervenir para garantizar que no acababan cada una en un lugar y que el cotejo de restos de ADN tardara meses.

Así las cosas, la clínica forense remitió a principios de mes una queja formal a la Sala de Gobierno del TSJIB. El órgano lo derivó a la Comisión Provincial de Seguimiento de la Policía Judicial, un grupo que preside el presidente de la Audiencia Provincial y en el que están el fiscal superior y los máximos mandos policiales de las Islas. En esa reunión comparecieron también la directora de la clínica forense de Palma y la encargada del servicio de patología forense y se buscó acercar posturas.

El órgano decidió que, en la medida de lo posible se continuara con la distribución de los indicios como siempre se había hecho para agilizar las investigaciones. En los últimos días se han llevado a cabo varias juntas de jueces de instrucción . En medios judiciales, existe preocupación por estas disputas y el riesgo de quitar pruebas a los encargados directos de las investigaciones, que es la policía judicial, además en casos especialmente graves como violaciones o levantamientos de cadáveres. Los forenses defienden que es un sistema mejor.