Forenses, Policía Nacional y Guardia Civil tienen una disputa por varias pruebas que ha provocado algún episodio pintoresco, quejas formales y tiene a los jueces de instrucción de las Islas adoptando criterios comunes para ver quién se queda con qué. El origen está en una orden ministerial que obliga al servicio de patología del Instituto de Patología Legal a remitir todas las muestras que recoge al Instituto Nacional de Toxicología, en el caso de Balears a Barcelona. Cuando el Instituto de Medicina Legal de Palma ha comenzado a seguir este criterio ha entrado en conflicto con determinadas funciones que, hasta ahora llevaban a cabo las unidades científicas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Forenses y policía científica pugnan por pruebas clave en investigaciones
Varias reuniones buscan aclarar criterios ante la preocupación judicial en las Islas
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