Agentes de la Policía Nacional durante el registro de un despacho situado en la avenida Comte Sallent, en Palma.    | Alejandro Sepúlveda

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Dos abogados implicados en una presunta trama de favorecimiento de la inmigración irregular en Palma se enfrentan a cinco años de cárcel cada uno. La Fiscalía reclama la inhabilitación de los letrados, un hombre y una mujer, durante el tiempo de la condena. El Ministerio Público también solicita la misma pena a otras cuatro personas por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Entre los investigados hay un jefe de sección de la Oficina de Extranjería y un gestor administrativo. El caso se remonta al año 2020. La acusación pública recoge en su escrito que los encausados se pusieron de acuerdo, «con un reparto de papeles previamente establecido», para que ciudadanos extranjeros en situación irregular en España obtuvieran a cambio de dinero permiso de residencia por arraigo laboral.

El cabecilla del supuesto entramado era un empresario que, a través de uno de los investigados, contactó con los dos abogados de Palma y con el gestor administrativo. El objetivo, según la versión del Ministerio Fiscal, era que reconocieran ante la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) una relación laboral, sin contrato, con ciudadanos extranjeros en situación irregular. Los procesados presentaban la solicitud de residencia por motivo de arraigo laboral ante la Oficina de Extranjería, cuyo jefe de sección, también implicado en la causa, informaba favorablemente a la concesión de la petición. De este modo conseguían que la Delegación del Gobierno aprobara la documentación tramitada.

El primer episodio se produjo el 28 de enero de 2020. El abogado J.M. S. celebró ante el TAMIB una comparecencia para que se reconociera la relación laboral entre dos personas, desde el 19 de febrero al 26 de octubre, a sabiendas de que no era cierto. No existía. Ese tipo de actuaciones se fueron repitiendo con el paso de los meses hasta que la Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional desarticuló la red tras una gran operación llevada a cabo a mediados de febrero de 2021. Los agentes registraron los despachos de los abogados implicados y las empresas de otro de los detenidos, que cobraba diversas cantidades de dinero para llevar a cabo los trámites y que nunca eran inferiores a 2.500 euros. El pago de honorarios a los letrados iba aparte.