Imagen de la calle Aragón, a donde fue trasladada la directora cuando cerró la sucursal de Pere Garau. | Alejandro Sepúlveda

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Durante años, la procesada y la víctima fueron forjando una relación de confianza. Era una relación como otras tantas entre cualquier directora de una sucursal bancaria y una clienta asidua. Hasta tal punto fue la conexión que la perjudicada se presentó un día en la oficina y le entregó una tarjeta de crédito a la imputada que le había llegado a casa y quería darla de baja. Pero no le hizo caso. Entre julio y noviembre de 2016, la acusada se dedicó a retirar con ella dinero en distintos cajeros de Palma hasta alcanzar los 31.724 euros. La entidad bancaria repuso la cantidad a la perjudicada. La procesada, que fue despedida al destaparse la estafa, admitió su culpabilidad ante la jueza y aceptó una pena de dos años de prisión. No entrará en la cárcel si antes de diciembre de 2023 abona a su exempresa 17.000 euros. El resto fue entregado antes de la celebración de la vista.

La condenada entró a trabajar en la sucursal, ubicada en el barrio de Pere Garau, en 2007. Años después pasó a ser la directora. Con una de las habituales clientas entabló una relación de confianza. En mayo de 2016 cerró la oficina y la directora fue trasladada a una de la calle Aragón. Y allí también se marchó la perjudicada. Semanas más tarde, la mujer acudió al despacho de la acusada con una tarjeta de crédito que había recibido en casa y ella no había pedido. Pidió que se la dieran de baja. Y lejos de realizar dicha acción, la imputada la activó el 22 de julio. Y en ese momento empezó su actividad delictiva.

Desde ese momento y hasta noviembre, la directora se dedicó a retirar dinero en cajeros de Palma. Para intentar no dejar huella, entraba en el fondo de inversión de la clienta y realizaba reembolsos a la cuenta vinculada a la tarjeta de crédito. La mujer fue despedida del banco el 24 de noviembre de 2016 y la entidad devolvió la cantidad estafada a la perjudicada. Días atrás, la acusada, de 42 años, se sentó en el banquillo de los acusados en un juzgado de lo Penal. Ante la jueza reconoció lo ocurrido y aceptó una pena de dos años de prisión, que no cumplirá siempre y cuando abone 17.000 euros a su exempresa antes de diciembre de 2023. El resto fue entregado antes de celebrarse la vista. Asimismo deberá hacer frente a las cosas de la acusación particular. Según ha podido saber este diario, la mujer ya no trabaja en el sector bancario.