Lorena Torres, de 29 años, vive de okupa en una vivienda de la calle San Cristóbal. | Alejandro Sepúlveda

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Lorena Torres tiene 29 años y es madre de dos niños, de siete y un año de edad. Desde febrero de 2021 reside en una vivienda okupada ubicada en la calle San Cristóbal, en s’Arenal de Llucmajor, junto a su marido enfermo. En torno a las 10.30 horas de este lunes, la mujer regresaba de realizar unos trabajos en la calle cuando se percató de la presencia de un hombre trasteando el contador de electricidad de su casa.

«Nada más ver que estaba manipulando mi contador me dirigí a él y le pregunté si era trabajador de la compañía eléctrica. Todo era muy extraño porque no iba vestido con el uniforme propio de Endesa y eso me hizo sospechar. De buenas a primeras me dijo que si le daba 150 euros en el momento se marcharía y lo dejaría todo tal y como estaba», comenta Lorena Torres.

Tensión

A partir de ese instante, se vivieron momentos de gran tensión en el rellano de la entrada del inmueble. «El falso trabajador me cogió de las manos, consiguió inmovilizarme y me golpeó con la cabeza en la pared. Yo no paraba de gritar y de pedir auxilio. Mi vecina bajó las escaleras para auxiliarme y se enganchó con el sospechoso. En ese momento, el falso operario cogió a la mujer por los brazos y la estampó contra una cristalera. Finalmente, conseguimos que se fuera y llamar a la Guardia Civil», añade la okupa. A la llegada de la patrulla de la Guardia Civil y de la Policía Local, los agentes identificaron al hombre. La Benemérita informó a la mujer que el supuesto agresor trabajaba para una subcontrata y que le enviaba la propiedad del inmueble. Finalmente, se restauró el suministro eléctrico y los okupas volvieron a su hogar.

El apunte

Lorena recibe todos los meses 890 euros de paga del Govern

Lorena Torres explicó a este diario que «desde el primer día que entramos en la casa de okupas y enganchados a la corriente eléctrica hemos intentado contactar con el Banco de Sabadell para llegar a un acuerdo. El Govern balear me da una paga de 890 euros todos los meses y yo quiero que me pongan un alquiler social, pero no contestan a nuestras peticiones. Mi marido está enfermo y tenemos dos niños menores. El problema que hay es que son racistas y no quieren ayudarnos porque somos gitanos».