Imagen de archivo de un control de drogas realizado por la Policía Local de Palma. | A. Sepúlveda

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A la Policía Local de Palma le crecen los enanos. En los últimos días se ha conocido la noticia de que decenas, que podrían ser centenares, de actas de consumo de sustancias estupefacientes levantadas por los agentes del cuerpo municipal han sido anuladas al no llegar a tiempo los análisis de las sustancias o por falta de diligencia en la tramitación de las mismas.

Nada más tener conocimiento de estos hechos, Ultima Hora se puso en contacto con el gabinete de comunicación del área de Seguretat Ciutadana del Ajuntament de Palma quienes confirmaron esta información. Estas mismas fuentes asumieron parcialmente la responsabilidad de tramitación y solicitud de pruebas alegando el retraso a la acumulación de trabajo durante la pandemia. También sostienen que la tramitación de las actas es competencia exclusiva del departamento de Infracciones Generales, organismo competente para incoar expedientes sancionadores a los infractores.

También indican que el departamento de Sanidad Exterior (Delegación del Gobierno) no admitía más pruebas de análisis y que este hecho provocó la prescripción de los citados expedientes. En abril de 2021, la jefatura de la Policía Local de Palma remitió un escrito oficial a la Delegación del Gobierno solicitando una mayor diligencia y aceptación de pruebas para evitar la prescripción de los expedientes, dado que caducan a los doce meses. Acto seguido, se aumentó de 80 a 120 pruebas realizadas por mes, pero debido a la gran cantidad de trabajo atrasado el número de expedientes fue prescribiendo y de oficio se tuvieron que anular las sanciones.

Por otra parte, fuentes policiales acusan a la unidad del GIS, responsables de tramitar las denuncias, de introducir tarde las actas. «No pueden tardar más de 10 meses en tramitar las actas y después echarle la culpa a Sanidad Exterior y pedirles que hagan cientos de análisis en cuestión de meses», concluyen algunos de los policías consultados.