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Volar un dron sin autorización, hacerlo por una zona restringida o poner en riesgo la vida de las personas puede acarrear multas de hasta 600.000 euros. Así lo explica el subinspector Rafel Pedrosa, uno de los responsables de la nueva Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional.

Las terrazas del museo de Es Baluard de Palma se convirtieron este en el escenario de presentación de los nuevos agentes, drones y sistema de inteligencia artificial con los que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía para velar y controlar los vuelos no autorizados.
El nuevo sistema de detección está diseñado para proteger el cielo y aportar en cada alerta la ubicación exacta del dron ilegal para que una patrulla de agentes pueda dirigirse de inmediato al lugar y sancionar al infractor.

Lo interesante son los recursos con los que cuentan los funcionarios policiales para controlar estos vuelos no autorizados. El control y en su caso anulación del funcionamiento de un dron ilegal puede producirse a través de aparatos móviles o fijos. El más sorprendente es una escopeta que dispara un campo magnético que bloquea el sistema del aparato y lo derriba. La Policía también dispone de un medios técnicos que localizan aeronaves a kilómetros de distancia, pueden saber el punto exacto de salida y si el vuelo tiene permiso.