La Policía Nacional detuvo al joven en la Estación Intermodal de Palma en julio de 2020. | A. Sepúlveda
Un juez de Palma ordenó el pasado febrero la expulsión de España del agresor de un sanitario en el Metro de Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción 7, AntoniGarcias, indicó en un auto que Juan Camilo Londoño, de 19 años, no tenía domicilio fijo en Mallorca y carecía de arraigo en el país. «En este supuesto no permiten garantizar que vaya a cumplir con la obligación de residir en un sitio determinado o a presentarse periódicamente ante una autoridad administrativa».
El joven manifestó en el juzgado de guardia, el 18 de febrero, que no residía de okupa en una fábrica abandonada. Reconoció que no tenía permiso de residencia en España y que realizaba trabajos esporádicos sin contrato.
Juan Camilo explicó que vivió en Alicante con una tía suya hasta que lo echó de casa. «Se deduce que el joven no tiene arraigo en este país. No tiene familia puesto que al parecer, la única que tenía era su tía, que además lo sacó de casa y que vive de okupa donde puede», añadió el juez en el auto.
El agresor del sanitario en el Metro de Madrid pasó un mes en un Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital hasta que quedó en libertad por orden del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma.
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El 1 de julio del año pasado, Juan Camilo fue detenido en la Estación Intermodal de Palma con móviles robados, una cámara de fotos y una pistola simulada. Los vigilantes de seguridad lo sorprendieron intentando forzar un torno de la estación y avisaron a la Policía Nacional, que lo detuvo.
El juez de Instrucción número 46 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven.
El detenido será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones agravadas y, además, el Juzgado tomará declaración al implicado y a cinco testigos de los hechos el próximo 8 de septiembre, según ha informado el TSJM.
19 comentarios
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El buenismo sin control nos arruinará como sociedad.
Primer error: dejarle entrar al país. Segundo error: no echarle del país. El tercer error será meterle en una cárcel-balneario español durante un par de años a expensas del contribuyente nacional. Resultado puntual de esta distopía progre: un delincuente roba-turistas adicional, un español tuerto, y decenas de miles de euros en impuestos tirados a la basura.
Los jueces y la justicia han logrado ser los campeones de la INCREDILIDAD en este pobre pais,
En un país normal y decente, a la que firman la orden de expulsión lo meten en prisión hasta quese le pueda llevar de vuelta a su país. Aquí se les deja en libertad confiando en que se irán por su "buena voluntad". Pero obviamente nadie se va porque nadie les obliga a hacerlo, y con suerte en unos años todo prescribe y les dan papeles.
Tal y como funciona este país no solo no lo expulsaron sino que además le permitirían empadronarse. Así nos va!!
Pero y que hace este personaje en españa todavia sin papeles sin hogar sin trabajo sin nada mas que delinquir y atacar a los ciudadanos .que verguenza .a ver si empiezan a atacar a jueces y politicos y se enteran de una vez .
Tenemos una justicia que sólo ataca a los ciudadanos decentes y honrados que pagamos impuestos y deja delinquir a los otros
COMO ES POSIBLE QUE UN JUEZ ESPAÑOL LE EXPULSE Y OTRO LO PONGA EN LIBERTAD?
Orden de expulsion, y antes de expulsarlo el contencioso lo deja en libertad? O no tienen ningun tipo de informacion compartida entre juzgados o el juez que lo pone en libertad deberia ser expedientado. Vaya banda de ineptos, asi vamos
!!POBRE JUEZ HAY QUE VER EL CASO QUE LE HAN HECHO !!! DE VERGUENZA!!!