Las magistradas Eleonor Moyá, Rocío Martín y Samantha Romero; las dos últimas recurrieron al CGPJ. | Jaume Morey

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El conflicto interno en la Audiencia Provincial sobre el tribunal que tiene que juzgar al empresario Bartolomé Cursach llega al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El máximo órgano de gobierno de la carrera judicial ha inadmitido el recurso planteado por dos de las magistradas de la Sección Primera que se abstuvieron en bloque para no encargarse de la macrocausa.

La pieza principal del caso Cursach llegó a la Audiencia ya hace casi un año, en agosto de 2020. Por reparto le tocó ser ponente a la magistrada Rocío Martín que arrastra el caso a la Sección Primera, una de las dos de jurisdicción penal que fue la que tuvo que resolver todos los recursos que se presentaron durante la instrucción contra decisiones, sobre todo del juez Manuel Penalva, ahora imputado en el TSJIB. Los seis magistrados que forman esa sección presentaron una abstención en bloque al entender que están contaminados para ocuparse de ese asunto porque ya lo conocen.

El presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino se encargó de resolver ese incidente de abstención y lo rechazó. Dos de las magistradas afectadas, Samantha Romero y Rocío Martín, presentaron un recurso ante el CGPJ en el que combatían que fuera Gómez-Reino quien resolviera. El órgano de gobierno les responde que es una decisión jurisdiccional y que no es competente.

Los cuatro grandes juicios de la causa están pendientes de ser señalados

Hay cuatro grandes juicios pendientes del ‘caso Cursach’ y sus derivadas: el que afecta al principal acusado y dos decenas de policías locales de Palma, el que juzgará al empresario Antonio Pascual por delitos idénticos, el de los exámenes de la Policía Local de Palma y el de la trama de Calvià. Todos ellos llevan meses en la Audiencia Provincial y aguardan que se señalen las vistas mientras el TSJIB ventila la investigación sobre el juez y el fiscal que instruyeron todas estas piezas: Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán. La abstención de la Sección Primera, a la que han correspondido al menos tres de los juicios y la falta de espacio retrasan los casos.