Efectivos de la Policía Nacional. | Efe

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Las fuerzas de seguridad ha detenido en el año de la pandemia, desde que se decretó el primer estado de alarma y hasta ahora, a más de 12.000 personas y han tramitado más de 1,3 millones de propuestas de sanción, según el balance del Ministerio del Interior. Concretamente en Baleares, son 353 las personas arrestadas por saltarse las normas COVID-19 y las propuestas de sanción ascienden hasta las 28.426.

Unas cifras que recogen, en primer lugar, las actuaciones de todos los cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales) en el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de ese año, cuando se estableció un mando único para el control de las restricciones a la movilidad, que asumió el Ministerio del Interior. En esa etapa se detuvo a 9.173 personas en el conjunto de España y se levantaron 1.142.127 propuestas de sanción.

Para el segundo estado de alarma, que comenzó el 26 de octubre de 2020, que sigue en vigor y ya sin mando único, el balance de Interior solo recoge las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, unos cuerpos que detuvieron hasta el 8 de marzo a 2.952 personas y emitieron 220.296 propuestas de multa.

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Interior recuerda que las fuerzas de seguridad han tenido que conjugar el esfuerzo dedicado a los dispositivos para el control de las restricciones con la atención a las personas y colectivos vulnerables que podían verse más afectados por la crisis sanitaria.
Así, los servicios humanitarios de la Policía Nacional (3.664) y de la Guardia Civil (74.830) alcanzaron en los meses de confinamiento los 78.494, una cifra algo superior a los 75.796 llevados a cabo en el segundo estado de alarma.

Las personas mayores, dada su mayor vulnerabilidad, centraron la atención de las fuerzas de seguridad del Estado, que hasta el momento han mantenido 27.934 contactos con residencias y asociaciones de mayores (24.492 la Policía Nacional y 3.342 la Guardia Civil).
No se olvidaron tampoco de las víctimas de violencia de género, ya que podría empeorar su situación por la convivencia las 24 horas del día con su malratador.

«Las unidades policiales especializadas realizaron un especial esfuerzo, incrementando los contactos con víctimas y los controles sobre autores para procurar una mayor protección», recuerda Interior en su balance. De este modo, se llevaron a cabo 232.148 controles a autores de maltrato, 336.584 contactos directos con las víctimas y 702.880 no presenciales.

En el ámbito sanitario, la Policía Nacional y la Guardia Civil han mantenido desde el 14 de marzo pasado y hasta ayer 20.593 contactos con centros médicos.