Un Control de la Guardia Civil durante el estado de alarma. | Alejandro Sepúlveda

La Audiencia confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta a una mujer que fue sorprendida por la Policía Nacional paseando por Palma durante cuatro ocasiones en medio del confinamiento más duro de marzo y abril. En estas ocasiones justificó su comportamiento en que "iba a visitar a un amigo". La sentencia considera que existió una desobediencia grave por parte de la mujer pero no por incumplir las restricciones sino porque fue requerida de forma personal por los agentes de la policía para que volviera a su casa.

La acusada fue sorprendida la primera vez el 21 de marzo a las nueve y diez de la noche. Dijo a los policías que estaba dando un paseo. La enviaron a casa pero, minutos después, la vieron cuando hablaba con una vecina. Seis días después también estaba en la vía pública en la avenia Gabriel Alomar. Volvió a ocurrir otras dos veces en abril, cuando se excusó en que iba a ver a una amiga en Son Rapinya. En varias de estas ocasiones fue identificada por el mismo policía que, finalmente optó por detenerla.

Noticias relacionadas

La defensa argumentaba que la orden policial consistía en que se fuera a su casa y que ella lo había hecho, por lo que no desobedeció a los agentes. La Sección Primera de la Audiencia Provincial no admite esa excusa. Considera suficiente el mandato del agente de policía la primera vez que la pillaron. "Es esta orden y no la obligatoriedad de la norma administrativa en sí, lo que constituye el mandato cuyo incumplimiento sustenta el delito de desobediencia", señala la sentencia. Así señala que existió una "negativa contumaz" a permanecer en su doicilio.

Con esta sentencia las dos secciones penales de la Audiencia han confirmado ya condenas por incumplir órdenes para permanecer en casa durante el estado de alarma. La anterior sentencia aludía a un mendigo que se negó a recluirse en un albergue o a permanecer siempre en la misma zona en la que estaba asentado, la plaza mayor. Durante los meses de marzo, abril y mayo, en torno a una veintena de personas ingresaron en prisión preventiva por incumplir estas órdenes y además se tramitaron centenares de sanciones administrativas por parte de la Delegación del Gobierno. Esas sanciones también están siendo confirmadas en su mayoría por parte de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Palma.