Rusi Ivanov, condenado por obligar a mendigar a una pareja, rompe su silencio, en una entrevista en presencia de su abogado. | Youtube Última Hora

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«Estos cuatro años en la cárcel han sido durísimos. Es lo peor que me ha podido pasar en la vida. Esperamos con mi mujer ocho años para poder tener un niño y cuando se quedó embarazada sucedió todo esto y lo perdió. Después, ella entró en psiquiatría y ahora mismo no es capaz ni de reconocerme». Estas son las palabras de Rusi Ivanov, condenado a 10 años de prisión por obligar a mendigar a una pareja de compatriotas búlgaros.

«Ahora, tras pasar cuatro años en el infierno de la cárcel tendré la oportunidad de demostrar mi inocencia», señala Rusi en declaraciones exclusivas a Ultima Hora.
Rusi y su compatriota Constantin, condenados a diez años de cárcel por trata de seres humanos, quedaron en libertad el pasado jueves al recibir amparo por parte del Tribunal Constitucional.

Este órgano de control considera que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Baleares (TSJB) vulneró el derecho de ambos a la tutela judicial efectiva al impedir que presentaran un recurso contra la sentencia que les condenada.

Tribunal Constitucional

«El Constitucional acaba de emitir dos sentencias estimatorias de recurso y reconoce el derecho fundamental a un juicio justo para mi representado. Ahora podremos presentar pruebas y defender la inocencia de Rusi y Constantin», apunta el letrado Gonzalo Márquez.

«No queremos buscar culpables. Se cometió un error judicial de forma totalmente accidental y sin mala intención, pero con graves consecuencias. Estoy muy mal por haber pasado cuatro años en prisión, pero también estoy eternamente agradecido al Tribunal Constitucional y a mi abogado por la oportunidad que me han brindado de salir a la calle y poder defenderme», comenta Rusi, visiblemente emocionado.

Por su parte, Gonzalo Márquez, que se hizo cargo de este caso de forma altruista, afirma: «Escuchar el relato de Rusi en prisión me encogió el alma. La historia de su mujer, la pérdida del bebé y la soledad de no sentirse arropado por su familia que por circunstancias económicas no pueden desplazarse desde Bulgaria, es muy duro».

El letrado de la defensa sostiene que las dos personas que ejercían la mendicidad y por las que fueron condenados sus clientes son drogadictas, personas con antecedentes policiales muy conflictivas. «Una de ellas desapareció, pero la segunda, durante cuatro años, ha ido a los juzgados y a las policía para decir que mintió en su declaración. Que lo hizo para conseguir los papeles y que estaba muy arrepentida. Nunca pensaba que el caso alcanzaría esta dimensión y que dos jóvenes iban a pasarse 20 años en la cárcel», explica el letrado.

La Audiencia Provincial de Baleares condenó en 2017 a diez años de prisión a dos ciudadanos búlgaros por obligaban con amenazas y agresiones a dos compatriotas suyos a mendigar en Santa Ponça a lo largo de un mes. Los procesados también fueron condenados a pagar 6.000 euros a cada una de las dos víctimas, por sendos delitos de trata de seres humanos.

La acusación

La acusación sostenía que Rusi y Constantin, instalados en la Isla, convencieron a una de las víctimas para venir a Mallorca con la promesa de trabajar de forma legal. Sin embargo, fue obligada a mendigar de 9 a 21.30 en el aparcamiento de un supermercado ubicado en Santa Ponça, y forzada a entregar todo el dinero que obtenía bajo amenazas.

El segundo afectado también fue reclutado en su país de origen. Le pagaron el billete a cambio de entregar el 50 % de lo que recibiera ejerciendo la mendicidad. Le aseguraron que tendría su vivienda compartiendo gastos. La sentencia hecha pública en 2017 consideraba probado que las dos víctimas fueron obligadas a pedir dinero en Santa Ponça y Palma sufriendo amenazas y agresiones si no les entregaban lo suficiente.

Según el relato acusador, los condenados ejercían un gran control sobre ellos, ya que comprobaban los alimentos que consumían y les privaban de disponer de dinero registrándoles cuando llegaban a casa. Además, les mantenían bajo vigilancia mediante un teléfono móvil que no permitía realizar llamadas.

Ahora, con las nuevas pruebas y los derechos fundamentales vulnerados, según el Constitucional, los acusados ya preparan de nuevo su defensa.