El acusado, custodiado por una agente de la Policía Nacional, en el juicio celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. | Guillermo Esteban

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Un hombre que estafó más de 5.000 euros a un anciano desahuciado en Palma ha sido condenado a cuatro años de cárcel. El acusado, de 50 años y nacionalidad española, se ha declarado culpable de un delito de estafa continuada agravada por abuso de relaciones personales en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El estafador, que se encuentra en prisión, indemnizará a la víctima con 7.795 euros por el fraude y el daño moral ocasionado. Además, deberá abonar una multa de 720 euros.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2015, cuando el procesado coincidió con un amigo de la familia, de 81 años. El octogenario se encontraba en una situación económica angustiosa después de que lo desahuciaran de su casa. El hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad del anciano y le hizo creer que le iba a alquilar una vivienda de protección oficial.

El acusado le convenció para que le efectuara diversas entregas de dinero e incluso le dio un mapa de la zona y las llaves de una vivienda de protección oficial. La casa no estaba disponible y las llaves no correspondían a la misma, según recoge la Fiscalía en su escrito.

El investigado, que tiene una discapacidad psíquica del 41 por ciento, consiguió que en octubre y noviembre de 2015 el anciano le entregara 315 euros. Entre febrero y mayo de 2016 obtuvo 207 y el 24 de mayo de ese año la víctima ingresó 275 euros en una cuenta en la que el acusado figuraba como titular.

Hasta septiembre de 2016, el octogenario le entregó 3.370 euros y a través de un amigo suyo le hizo llegar 1.466. El acusado, que cuenta con cuatro condenas por estafas, percibió mediante su intervención ficticia en la mediación del alquiler de una vivienda de protección oficial un total de 5.595 euros. El perjudicado tuvo que vivir en una pensión durante unos meses mientras esperaba el alquiler de la supuesta vivienda.

El abogado de la víctima, Llorenç Gomila, y la fiscal Lidia del Valle han llegado a un acuerdo con la defensa del encausado, que se ha conformado con la pena de cuatro años de cárcel.

El ministerio público reclamaba al inicio del proceso una condena de seis años de prisión y una multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros.