Los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo. | Alejandro Sepúlveda

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«El magistrado instructor ha rebasado sus funciones». Donde el juez Carlos Gómez no aprecia ningún delito, la Fiscalía Anticorrupción pone encima de la mesa la existencia de «indicios sólidos» al menos de ocho detenciones ilegales, coacciones a testigos y uso de pruebas falsas. El ministerio público pide que el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías del Grupo de Blanqueo se sienten en el banquillo de los acusados por esos delitos.

Los fiscales de Madrid designados por Anticorrupción en el caso por las supuestas ilegalidades en la instrucción del ‘caso Cursach’, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, han presentado un extenso recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJB. Pretenden que anule la decisión del juez instructor, Carlos Gómez, de acordar el sobreseimiento libre de los delitos más graves que se investigaban a raíz de la aparición de los mensajes de WhatsApp. En su apelación, consideran que Gómez ha ido más allá de lo que le permite la ley a la hora de valorar las pruebas: «No tiene capacidad, ante la existencia de indicios suficientes para impedir al fiscal ejercer su función constitucional». Le reprochan que haya actuado de forma opuesta al criterio que manejó el TSJB con el juez Miquel Florit en el ‘caso Móviles’ y que impida que un tribunal valore declaraciones como las de la madame.

Anticorrupción sí ve indicios de detención ilegal en los ingresos en prisión de dos imputados en el ‘caso IME’. Entienden que el juez Penalva la adoptó sin ningún tipo de base legal a principios de 2017 sin que existiera riesgo alguno de destrucción de pruebas. «El magistrado investigado tenía decidido enviar a prisión a los detenidos aún antes de oírles».

Sobre el contenido de los wasaps, el auto del magistrado Carlos Gómez, consideraba que no mostraban la realidad y que se quedaban en meros comentarios. La Fiscalía discrepa y señala que «se da una perfecta coincidencia entre lo que se manifestaba en el chat y lo que sucedía en el procedimiento judicial».

También consideran ilegales las detenciones de toda la mesa de contracción del Ajuntament que intervino en el contrato de la ORA. Se basan en que ya antes de que dos de estas personas declararan, en los chats ya se dejaba claro que iban a ser exculpadas y que, por tanto, juez, fiscal y policías las detuvieron a sabiendas de su inocencia.

Padres de Gijón

En una línea similar incluyen las detenciones de los padres y el hermano del entonces diputado del PP, Álvaro Gijón. Consideran que el ‘caso ORA’ nace con una prueba «muy endeble» y que las sucesivas comprobaciones demostraban que no era cierto que el exconcejal hubiera recibido un piso como recompensa. Sin embargo, «utilizaron cualquier dato para poder seguir la causa contra Álvaro Gijón». Para Anticorrupción, resultaría revelador que José María Rodríguez, la otra persona implicada por el primer testigo que habló del caso, nunca fuera citado a declarar.

Sobre los testigos dudosos, la Fiscalía discrepa del auto del magistrado que, simplemente, consideraba que Penalva y Subirán se habían creído las mentiras de la madame y del 29. Sin embargo, los fiscales sí ven indicios de que conocían la falsedad de elementos como la agenda del supuesto burdel. Sobre el exempleado de Tito’s señalan: «La decisión de guiar sus declaraciones no fue un hecho aislado sino una forma de trabajo». El recurso pide que se continúen los trámites para juzgar esos delitos.

El vídeo de un careo «indicio suficiente» sobre ‘El Ico’

Sobre los indicios de que las declaraciones de ‘El Ico’ fueron guiadas por Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo se basan, según el fiscal, en el vídeo de uno de los careos entre el hijo de ‘La Paca’ y un policía local. En él, sacan al testigo y más tarde se ve cómo le instruyen.