Un control policial durante el estado de alarma en Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Marina F. fue interceptada por la Policía Nacional en la calle Herrerías de Palma el 21 de marzo por la noche en pleno estado de alarma. La mujer, rusa de 48 años, explicó que estaba dando un paseo. Los agentes le indicaron que no podía permanecer en la vía pública y que debía regresar a su domicilio. A Marina F. le dio igual.

A los pocos metros, la volvieron a encontrar hablando con una vecina. El 27 de marzo, alrededor de las 20.34 horas, la acusada fue localizada por la Policía Local en la avenida Gabriel Alomar. Los policías le advirtieron que si no hacía caso podría incurrir en un delito de desobediencia. A Marina F. le dio igual.

El 10 de abril, a las 9.00, la Policía Local volvió a pararla en la calle Manacor para recordarle que no podía estar en la vía pública sin motivo. Marina F. manifestó que iba a visitar a una amiga en Son Rapinya. Los agentes le informaron que no podía estar allí y levantaron un acta por desobediencia a la autoridad. A Marina F. le dio igual.

Dos días más tarde, los policías que la interceptaron el 27 de marzo la detuvieron por la mañana, en la avenida Gabriel Alomar, por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad. La mujer volvía a estar en la calle sin justificación alguna.

Marina F. fue citada a juicio, el 21 de septiembre, por el juzgado de lo Penal número 4 y también le dio igual. No se presentó. La vista se celebró en su ausencia y la jueza la ha condenado a medio año de prisión por incumplir en cuatro ocasiones el estado de alarma.

«Existieron tres requerimientos personales antes del que dio lugar a la detención. En todos ellos se le informó de las consecuencias derivadas del incumplimiento. A todos hizo caso omiso, reiterado, recalcitrante y persistente porque salió de nuevo a la calle sin ninguna justificación para ello, solo por antojo y capricho vulnerador», apunta la jueza.