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El testigo protegido 30 del caso Cursach ha iniciado una huelga de hambre porque, a pesar de que el juez le reconoce esa condición, la Policía no le proporciona seguridad, una situación que, según denuncia a Efe, padecen muchos de los que han declarado en la investigación por la presunta trama corrupta.

«Ya no es por mí, que llevo tres años y me han destrozado la vida, es para que se cambie la ley», ha subrayado el testigo, que ha remitido un escrito al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el que solicita reformas legales para asegurar una protección efectiva de quienes aportan testimonios relevantes en procesos penales a costa de su seguridad.

Recuerda que el Defensor del Pueblo, al que también se ha dirigido, recomendó en 2018 abordar cambios en la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales, aprobada en 1994.

Este antiguo directivo del Grupo Cursach ha relatado que en 2017 declaró ante el entonces instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, ahora apartado de la causa, al que proporcionó información sobre presuntas prácticas corruptas de las empresas del magnate del ocio nocturno mallorquín.

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A partir de entonces, en numerosas ocasiones durante 2018 y 2019, recibió amenazas contra él y su familia, y sufrió agresiones.

No las ha denunciado ante la Policía, según asegura, «para proteger a la familia» evitando entrar en un proceso judicial paralelo como sí ha hecho algún otro testigo protegido como el 29, que quedó con ello más expuesto a la presión mediática, ha explicado.

A causa de los «consejos» intimidatorios de antiguos compañeros del Grupo Cursach y de los seguimientos y agresiones sufridos, el testigo 30 se trasladó a Suiza, donde pidió sin éxito asilo por su situación, pero recientemente, cuando expiró su visado, tuvo que volver a Mallorca y se dirigió al juzgado instructor.

El juez ahora al frente de la investigación, Enrique Morell, le ha confirmado su condición de testigo protegido, pero, según ha apuntado, la Policía no le ofrece protección hasta que no presente denuncia por las agresiones sufridas e identifique a quienes le amenazan, algo que él considera que pondría más en riesgo a su familia.

«Estoy agotado, ya no juego a esto. La Policía tiene que protegerme a mí a al resto de testigos hasta que llegue el día en que declaremos en el juicio», ha enfatizado el hombre, que lleva cinco días en huelga de hambre.