La Comunidad de Madrid investiga la muerte de un joven de 23 años, Aitor García Ruiz, en enero de 2018, cuyos padres acusan al SUMMA 112 de infravalorar los síntomas con el consiguiente retraso en el envío de una UVI móvil, que tardó más de veinte minutos en llegar al domicilio familiar en Navalcarnero. | Youtube: AGENCIA EFE

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Los padres de Aitor García Ruiz, fallecido en enero de 2018 a los 23 años, tras sufrir un tromboembolismo pulmonar, acusan al Summa 112 de «negligencia» y retraso en la asistencia al no haber valorado la gravedad del joven y activar tarde una ambulancia que tardó 23 minutos en llegar.

El contenido de las llamadas ha sido divulgado este jueves por los padres y la asociación El Defensor del Paciente, cuyo abogado, Carlos Sardinero, está barajando «ir a la vía penal» contra el Servicio Madrileño de Salud, además de la reclamación patrimonial de 175.000 euros por la vía administrativa.

En la primera llamada de la madre al 112 diciendo que su hijo «se ahogaba», el 14 de enero a las 11:56, le pasaron con un médico que pidió hablar con el hijo y pese a que este contestó «No puedo, me ahogo», este médico dijo a la madre: «Pues respira perfectamente, eh?», según el audio.

«Él dice lo que quiere pero respira perfectamente porque habla perfectamente, vale?», añadió el médico tras lo cual «colgó» sin que los padres supieran si había activado una ambulancia.

En la siguiente llamada, a las 12:04, cuando Aitor ya no respiraba, un médico sobre el que «hay dudas de que sea el mismo», según Sardinero, empezó a dar instrucciones a los padres para que iniciaran ellos las maniobras de reanimación mientras enviaban una ambulancia a Navalcarnero, donde residen.

A las 12:06, el Summa contactó con Protección Civil de Navalcarnero y con la Guardia Civil del municipio, que fue la primera en llegar, tras lo cual acudió una ambulancia que no era mecanizada y a continuación una UVI móvil, pero para entonces el joven llevaba unos veinte minutos sin respirar.

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Además, «sufrió dos paradas» antes de llegar al hospital Rey Juan Carlos, donde falleció en la UCI cinco días después, el 19 de enero de 2018.

Menos de un mes antes, el 24 de diciembre, el joven había acudido a Urgencias con dolor en el costado y dificultad respiratoria y fue dado de alta.

Sardinero acusó a Sanidad de entregar los audios mutilados, ya que no incluyen la totalidad de la conversación, mientras los padres piden que «se cambien los protocolos» y se «humanice la atención» para lo cual están dispuestos a «seguir luchando» pese a la pérdida dolorosa de su único hijo, para que no vuelva a ocurrir.

Aitor, que medía 1.85 y pesaba 90 kilos, era un chico saludable, deportista, ingeniero de automoción y que no bebía ni fumaba, recordaron los padres para quienes la ambulancia debería activarse «en la primera llamada».

A su juicio, «Aitor hubiera sobrevivido, con secuelas sí, pero era un chico fuerte física y mentalmente», aseguró el padre.

El abogado Carlos Sardinero cree que «la jurisprudencia del caso Madrid Arena permite llevar el caso a la vía penal: fallecimiento por falta de asistencia», ha dicho a Efe.
Además, asegura que Sanidad sigue «sin reconocer que la asistencia no fue la adecuada», lamentó.