En total el instituto armado llevó a cabo 11.774 actuaciones por maltrato animal el año pasado, de las que 10.920 fueron por la vía administrativa y 854 por vía penal, ante la comisión de delitos, ha detallado García, que ha participado como ponente en el II Congreso de Derecho y Protección Animal que se celebra en el Colegio de Abogados en Palma.
García ha señalado que una de las principales dificultades en la investigación de este tipo de infracciones es determinar que un animal sufre el «menoscabo grave» para poder considerar que hay indicios racionales de la comisión de un delito, y ha recalcado que será necesaria la intervención de un veterinario cuyo informe «va a ser determinante en que haya una falta administrativa, un delito o nada».
En los casos de abandono, la complicación radica en que los propietarios suelen alegar que los animales se han escapado y la imprudencia no está penada de manera que constituye una infracción administrativa.
García ha indicado que la mayoría de los casos que investigan proceden de denuncias ciudadanas o de asociaciones y ha destacado la importancia de que las denuncias proporcionen una ubicación lo más ajustada posible del lugar de los hechos, reflejar si los hechos se han denunciado en otra administración para coordinarse y sobre todo ha destacado que no se debe comunicar al denunciado que se ha interpuesto la denuncia.
Por su parte, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha resaltado las deficiencias en materia legislativa y administrativa por la falta de implicación de los poderes públicos en estos casos.
Desde el punto de vista legislativo, la magistrada considera que la principal reforma que sería muy importante que saliera adelante es una modificación del Código Civil «para considerar a los animales como lo que son: seres vivos dotados de sensibilidad, que permitirá la mismo tiempo establecer ciertas reformas en el ámbito penal».
«Son muy importantes porque los artículos están definidos de tal forma que son muy interpretables, con conceptos jurídicos indeterminados», ha detallado la jueza sobre la tipificación de los delitos en cuestiones como el maltrato cruel o el ensañamiento.
La magistrada considera que la penalidad de estos delitos no es suficiente porque «para que cumpliera una finalidad realmente disuasoria, que evitara que otras personas pudieran copiar el canon de que maltratar sale gratis habría que elevar la pena, por lo menos en los caos más extremos o de mayor gravedad, a superior de 2 años» para eludir en esos casos la suspensión sistemática del cumplimiento de las condenas.
De Lara ha llamado la atención sobre el hecho de que en este clases de delitos muchos maltratadores no tienen antecedentes porque hasta 2010 muchos delitos que ahora son menos graves, antes eran faltas y no generaban dichos antecedentes.
La magistrada también ha reclamado la implicación de los poderes públicos en la exigencia del cumplimiento de las normas, con labores de formación a las unidades especializadas de policía, y de los jueces, así como medios para los inspectores de medio ambiente pueden comprobar de forma efectiva que se cumple la legislación en las explotaciones.
También cree que se tiene que exigir el cumplimiento de las sanciones así como financiar a las protectoras y albergues para que cumplan su finalidad y no se conviertan en cementerios vivientes.
El Policía Local de Castellón Pedro Moratalla, coordinador del proyecto de la unidad especializada UPROMA, ha abogado por la creación de estos grupos y por la formación de los agentes. Ha explicado que se está dando formación a los policías de nuevo ingreso, que ha calificado de «importante y necesario» y ha señalado la necesidad de extenderla, sobre todo al maltrato psíquico.
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