El exconcejal Gabriel Vallejo tras quedar en libertad en 2016 por el ‘caso ORA’. | Joan Torres

18

«A partir de las declaraciones obtenidas mediante coacción, amenaza y manipulación, los investigadores habría presuntamente ido construyendo un relato de los hechos que ni siquiera se correspondía con lo que pensaban los propios declarantes». El informe de la Policía Nacional sobre las detenciones del ‘caso ORA’ apunta a que el relato incriminatorio descansa en declaraciones manipuladas. Varios de los detenidos esos días coinciden en que, bien el fiscal, Miguel Ángel Subirán, o bien los agentes de Blanqueo apuntaban respuestas que no correspondían a lo que ellos pensaban.

Un funcionario, por ejemplo, explica que dio una fecha mal por error y que quiso rectificarla de forma inmediata. El dato equivocado suponía que se había accedido a las ofertas presentadas para hacerse con la adjudicación del concurso antes de que se abrieran los sobres, es decir, un indicio potente de manipulación. Con la rectificación que quiso introducir, su versión apoyaba que el proceso administrativo fue correcto. Esa respuesta no se hizo constar en su declaración policial pero, con el error incluido fue mostrada a otros detenidos y testigos que, en base a ese dato incorrecto dijeron que existieron irregularidades en el concurso.

El exconcejal Gabriel Vallejo ha testificado ahora que «se hundió» cuando el fiscal Subirán le dijo que podía ir 15 años a la cárcel y que por eso asintió a preguntas del representante del ministerio público que llevaban la respuesta implícita. Otra testigo hace un relato similar y constata que lo que aparece en su declaración policial y judicial es falso. La también exconcejala Irene San Gil tampoco está conforme con lo que consta en el acta de su declaración.

Otro de los interrogados ahora por la Policía Judicial revela que el juez Manuel Penalva le ofreció pasar de imputado a testigo si incriminaba a otras personas. Algo similar ocurrió con un funcionario de Cort que, tras rechazar cualquier delito en policía, los admitió en el juzgado porque le advirtió el fiscal: «Depende de lo que declares irás a prisión». Tras esa declaración incriminatoria, el juez y la policía le aseguraron que sería exculpado. Sin embargo se cambió de criterio y permanece aún investigado en el ‘caso ORA’ que lleva sin actividad desde marzo de 2018.

Noticias relacionadas

Sondear antes de detener

El tercer informe del ‘caso WhatsApp’ recoge cómo el juez instructor, Manuel Penalva, pidió a un amigo que tenía en común con el empresario Antoni Roig que le sondeara para que reconociera que había pagado un supuesto soborno en el ‘caso ORA’. La respuesta del empresario fue que no había hecho nada, algo que mantuvo más tarde, cuando fue detenido en la causa.