La sede de Europa Press está ubicada en el Paseo del Borne. | Alejandro Sepúlveda

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La policía judicial, con orden del juez Miquel Florit, intervino este martes los teléfonos móviles de dos periodistas, registró la delegación de Europa Press en Palma y se personó en la redacción de Diario de Mallorca, en el marco de una investigación por revelación de secreto asociada al caso Cursach. Las órdenes de entrada y registro cuentan con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación parte de varios escritos de las defensas de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, que, de forma reiterada, han protestado por lo que entendían vulneración del secreto de las actuaciones judiciales. El juez instructor del caso, Miquel Florit, ordenó el pasado mes de julio la apertura de unas diligencias informativas. Estas han sido llevadas a cabo por los mismos agentes de la Policía Judicial que desenmascararon a ‘la Madame’.

La decisión del magistrado siguió a la publicación por parte de la agencia de un informe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional sobre las finanzas del Grupo Cursach. Ese informe planteaba un posible delito fiscal y otro contra los derechos de los trabajadores y pedía la detención de la cúpula de la empresa. El juez desestimó esos arrestos y encargó un informe a la Agencia Tributaria, que, finalmente descartó el delito contra Hacienda.

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Orden judicial

Las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional están en una fase final y bajo secreto. En ese marco, el juez ordenó la intervención de los teléfonos móviles de los periodistas Blanca Pou y José Francisco Mestre. En el caso de la primera, los agentes entraron en la delegación de Europa Press, se incautaron del teléfono y sus claves personales además de varios ordenadores y memorias externas de la periodista. También por la mañana, en Jefatura se incautaron del móvil de Mestre. La orden judicial pretende detectar envíos de datos por parte de los investigados por revelación de secretos a los dos periodistas. Por la tarde, dos agentes se personaron en Diario de Mallorca. El medio rechazó entregar ningún dispositivo.

La Fiscalía General del Estado aclaró que los investigados no son los dos periodistas. El ministerio público sostiene que la actuación está amparada en los artículos 573 y 575 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se podrá ordenar el acceso a documentos que puedan recoger «algún hecho o circunstancia importante de la causa».