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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de 112 años y medio impuesta por la Audiencia de Valladolid a un padre que violó en repetidas ocasiones a dos de sus hijas menores y las dejó embarazadas, además de maltratar a su mujer y a otro hijo.

Según la sentencia, el Alto Tribunal desestima el recurso presentado por la defensa de este hombre y ratifica su condena por ocho delitos de agresión sexual sobre sus hijas, de 15 y 16 años cuando ocurrieron los hechos, tres de maltrato habitual y dos de maltrato.

La sentencia considera probado que fue en el año 2015 cuando el ahora condenado aprovechó que se encontraba a solas con una de sus hijas de 16 años en una nave de la localidad de San Clemente, en Cuenca, cuando la golpeó en la cara y la penetró amenazándola con que la mataría si decía algo, unos hechos que volvió a repetir en al menos otras cuatro ocasiones en la primera mitad de 2017.

Estas últimas violaciones ocurrieron en Fresno el Viejo y Sisante (Cuenca), donde la familia se había desplazado para buscar trabajo, así como en Villafranca del Duero (Valladolid), donde residían.

También en 2017 este hombre cometió hechos similares hasta en tres ocasiones con otra de sus hijas, de 15 años, y en los mismos lugares donde había violado a su hermana.
Como consecuencia de estas violaciones, las dos menores se quedaron embarazadas de su padre y se les practicó sendos abortos tras haber interpuesto la correspondiente denuncia.

El ahora condenado también maltrató en varias ocasiones a su mujer y madre de las menores, especialmente cuando le pedía explicaciones cuando ella sospechaba que estuviera abusando sexualmente de las chicas.

Además, en una ocasión también pegó a un hijo que salió en defensa de su madre.
Tras este altercado, los hijos del condenado avisaron a la Guardia Civil y la esposa interpuso la denuncia por las violaciones de sus hijas.

Además de las penas de prisión, la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, adopta otras medidas como la retirada de la patria potestad, le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a sus hijos durante 20 años.

También impone una indemnización de 10.000 euros a cada una de sus hijas.