Los acusados, durante el juicio. | M. À. Cañellas

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La fiscalía y las defensas de 29 acusados de narcotráfico juzgados en la Audiencia de Palma han alcanzado un acuerdo de reducción de penas a cambio de la admisión de delitos, mientras que otros 7 no asumen el relato de los hechos de la acusación y se enfrentan a penas que suman 65 años de prisión.

La sección segunda de la Audiencia provincial ha iniciado esta mañana un juicio en el que se han sentado en el banquillo 37 procesados, aunque uno de ellos ha quedado absuelto automáticamente al retirar la fiscalía la acusación.

Este y los 29 acusados que han alcanzado el acuerdo de conformidad se enfrentaban inicialmente a peticiones de condena por delitos de tráfico de drogas y, en algunos casos, blanqueo de capitales, que sumaban 280 años de cárcel, además de cuantiosas multas.

La fiscalía hará público en qué medida se rebajan las solicitudes iniciales de condena para los que han confesado cuando presente sus conclusiones finales ante el tribunal.

Sobre los siete acusados no conformados pesan solicitudes de pena que van de 6 años y 9 meses de prisión a los 14 años de reclusión.

Dos han rehusado declarar y los otros cinco han negado que formaran parte de una red radicada en Barcelona y Mallorca que desde la primavera de 2015 al verano de 2016 se dedicó al tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas.

Uno ha sostenido que tenía marihuana porque le alivia una lesión de espalda, otro porque le gusta fumar y un tercero ha explicado que consumía cocaína pero no la vendía, aunque sí comerciaba con sustancias de corte que se mezclan con esa droga para aumentar las ganancias.

La fiscalía considera que los acusados fueron responsables de «una actividad constante, estructurada y previamente concertada» de narcotráfico, según recoge el escrito de acusación.

Los dos cabecillas tenían una infraestructura organizada con medios personales y materiales en Mallorca, con una red de vendedores, uno de los cuales regentaba una cafetería en Génova, en Palma.

Para dificultar la actuación policial, almacenaban y manipulaban la droga en pisos alquilados de Palma, llegando incluso a ocupar cuatro apartamentos de un mismo edificio.

También actuaron reintegrando al tráfico ordinario el dinero obtenido mediante la venta de estupefacientes mediante negocios situados en Barcelona y Hospitalet de Llobregat.