Carlos García Roldán, con amigos en una de sus juergas.

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«Al estallar la estafa, ya lo único que te queda es denunciar y rezar para que el tal Charly, como le llaman sus amigos, no se haya fundido todo el dinero en el casino, en hoteles de lujo y Moët Chandon». Es la esperanza de los afectados por la estafa inmobiliaria millonaria que se destapó este miércoles en Mallorca y así lo han manifestado en un comunicado.

Las personas engañadas por el principal investigado, Carlos García Roldán, que se habría apropiado de hasta 7 millones de euros y se encuentra fugado, aseguran que compraron supuestamente las viviendas sobre planos tras ver «que tiene varias licencias de derribo concedidas, una excavación empezada, en el ayuntamiento te dicen que lo conocen que tiene varias licencias en marcha, tras una inmobiliaria con años en el sector y presencia de seriedad». Por todo ello, se decidieron a «dar en algunos casos los ahorros y, en muchos, un préstamo, para pagar la entrada de lo que se suponía sería la casa de nuestros sueños, una vivienda digna en la que criar a nuestros hijos».

En el comunicado, explican que luego comenzaron a aparecer los problemas, pero García Roldán les decía: «Te tienes que fiar de mí». A raíz de esto, «ya nos dimos cuenta de que nos estaban timando» y contactaron con un abogado.

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Comparten que el principal investigado «no tuvo escrúpulos en llevarse el dinero de familias con hijos, de recientes divorciados y jubilados. Las cantidades son diversas, la mayoría rondan los 30.000 € aunque en algunos casos llegan hasta los 200.000€».

En este sentido, aseguran que Carlos García Roldán, «ha arruinado la vida a muchísima gente. Nos hemos visto desamparados ante la ley, tras la derogación de la ley del 68 que brindaba cierta protección al comprador sobre planos».

Lamenta, finalmente, que sigan pasando estas cosas. «Cómo puede ser que sea tan fácil estafar a alguien de esta manera, cómo las administraciones públicas y las leyes nos han dejado desamparados, cómo la única ley que nos amparaba, fue derogada para beneficio de las entidades bancarias y, lo más importante, qué piensa hacer la Administración del Estado para que esto no siga sucediendo».