La Delegación del Gobierno recuerda que «los municipios que tienen aprobadas ordenanzas municipales funcionan mejor» contra la venta ambulante ilegal. | M. À. Cañellas

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Las actuaciones en Baleares de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra las mafias que surten de material a los vendedores ambulantes ha dado como resultado la incautación de 43.680 artículos destinados a la posterior venta callejera y a la imputación de 48 personas por delitos contra la propiedad industrial en esta legislatura.

Desde la toma de posesión de Maria Salom como delegada del Gobierno, en noviembre de 2016, esta Delegación se ha reunido en diversas ocasiones con los sectores más afectados por la venta ambulante ilegal, principalmente las patronales del comercio, además de vecinos, Ajuntament de Palma y Govern para dar respuesta a este problema.

Fue en uno de estos encuentros, en junio de 2017, cuando la delegada ofreció «total colaboración dentro de las competencias estatales», y recordó que «los municipios que tienen aprobadas ordenanzas municipales funcionan mejor» contra la venta ambulante.

Por eso, desde el pasado verano, la Delegación asesora e insistiendo en cada junta de seguridad municipal en la necesidad de aprobar ordenanzas que se demuestran efectivas para controlar esta situación.

En el último año y medio, la Benemérita, quien tiene mayor ámbito de actuación en este aspecto, ha llevado a cabo varias operaciones importantes contra la venta ambulante. En 2017, las más destacadas fueron las Operaciones ‘Sargantana’ y ‘Marmadis’, en colaboración con la Policía Local de Palma, que dieron lugar a la imputación de 29 personas por delitos contra la propiedad industrial tras la inspección de 41 establecimientos comerciales y 8 almacenes, donde fueron intervenidos 41.515 artículos.

En el presente año la Guardia Civil ha realizado ya 7 actuaciones, siendo intervenidos un total de 565 artículos falsificados, poniendo además especial énfasis sobre venta irregular a través de redes sociales. Por su parte, la Policía Nacional realizó dos grandes operaciones el pasado verano en Inca y Alcúdia, procediendo a la imputación de 19 personas y a la incautación de 1.600 artículos, también destinados a la venta ilegal.