Auroa Jhardi, primera teniente de alcalde y regidora de Función Pública y Gobierno Interior de Cort. | J. TORRES

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Aurora Jhardi, primera teniente de alcalde y regidora de Función Pública y Gobierno Interior del Ajuntament de Palma, está siendo investigada por realizar pagos ilegales a un policía de la trama de corrupción policial.

Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Ultima Hora, la regidora de Som Palma podría enfrentarse a los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.

La historia se remonta al pasado 4 de diciembre de 2015, cuando Jaime Garau, agente de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y sindicalista del CSIF, ingresó en prisión en el marco de la investigación de la trama corrupta del cuerpo. Nada más entrar en el centro penitenciario de Palma, la Jefatura de la Policía Local le suspendió de empleo y sueldo. En el mes de enero de 2016, Garau presentó fuera de plazo su baja médica, redactada por el doctor Gaspar Reda (imputado en la causa), que la expidió sin visitar al paciente.

Negativa de Pastor

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Nada más salir de la cárcel, el sindicalista acudió a visitar a la regidora de Seguretat de Cort, Angélica Pastor, solicitándole que le levantara la suspensión de empleo y sueldo. Pastor explicó al policía que no podía saltarse la legislación vigente y le invitó a que abandonara el despacho.

Acto seguido Jaime Garau interpuso un recurso por la vía administrativa contra la resolución de suspensión de empleo y sueldo. Fue desestimado. No conforme con ello acudió a la vía judicial y un juzgado de lo Contencioso Administrativo decidió en sentencia firme que el policía no tenía razón y que la medida adoptada por Cort era correcta.

Unos meses más tarde, el sindicalista expedientado e imputado acudió al despacho de la regidora de Función Pública y Gobierno Interior y, supuestamente, convenció a Jhardi para que le abonara sus honorarios. La edil de Som Palma mantuvo la suspensión de trabajo pero le hizo efectivos los pagos de sus nóminas y atrasos.

Las mismas fuentes judiciales apuntan a que una vez que finalice la investigación puesta en marcha por un juzgado de Palma podría revocarse la decisión tomada por Cort, y que el dinero tuviera que devolverse con carácter retroactivo. En caso de que el agente implicado no pudiera hacerse cargo del pago, sería la propia regidora quien debería asumir la deuda, al considerarse responsable civil subsidiaria.