Sí mantiene la condena de otros siete procesados que recurrieron en casación la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de Balears, pero cuyos argumentos no han sido acogidos por el tribunal.
La Sala de lo Penal entiende que sobre las seis personas para las que se han archivado las pesquisas -José M.C., Carmen S.S., Baltasar A.F., Paulo César P.A., Pedro M.U. y Josefa María C.R.- no había prueba suficiente para condenarles y asevera que el tribunal que les juzgó «peca de falta de racionalidad» a la hora de valorar la «extrema precariedad» de los datos probatorios.
La investigación del caso se llevó a cabo a través de seguimientos a los condenados, que pertenecen a diversos clanes familiares de Son Banya -la Paca, los Valencianos, la Sole y los Bizcos-, y que fueron vigilados y localizados en los diferentes puntos de venta en los que distribuían sustancias estupefacientes.
En el caso del clan de la Paca, era la acusada Rosario Vargas quien dirigía la venta de sustancias en ausencia de su esposo, Isidro Cortés -entonces en prisión-, auxiliada por su hija, Manuela. Otros inculpados realizaban labores de vigilancia para detectar la posible presencia policial.
En cuanto al clan de los Valencianos, sus viviendas también constituían puntos de venta de cocaína y hachís, principalmente. Varios de los acusados, entre ellos Luisa Santiago, controlaban estos inmuebles utilizando a personas que se encargaban de la venta directa de drogas. A su vez, empleaban otra de las viviendas para guardar el dinero y las joyas producto de estas ventas.
Del mismo modo, se constató la existencia de otro grupo cuyos miembros estaban unidos principalmente por lazos familiares y que constituían el clan de la Sole, en alusión a la matriarca Soledad Manzano. Controlaban varios puntos de venta dentro de Son Banya y vendían, directamente o a través de personas contratadas, heroína, cocaína y resina de cannabis a los clientes que allí acudían.
Finalmente, en otra zona del poblado desarrollaba su actividad el clan de 'Los Bizcos', del que formaban parte, entre otros, Gabriel Amaya 'El Ove', su mujer, María Belén Heredia y Concepción Amaya.
En concreto, las condenas oscilan entre los dos y los seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que en el caso de tres de ellos, la Audiencia acordó sustituir su pena de cuatro años de prisión por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años una vez cumplidas las tres cuartas partes de su condena.
5 comentarios
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Queda claro... Mejor delinquir que estudiar, os ampara el tribunal superior de justicia. Nunca jamas ser AUTONOMOS a esos si joden
NO VALE LA PENA COMENTAR NADA DE ESTA GENTE ES PERDER EL TIEMPO
Quin pais!!!!!! Quina inseguritat juridica!!!! Quins jutges que se pasen a sa politica. I menos mal que han d'esser apolitics. Quina diferencia amb EEUU i altres paisos euopeus. Es x flipar. No es raro qure es deutchlands diguin que africa comença a n'es Pirineus. Jo no entenc xq no ha dit es suprem: au tots a n'es carrer.
Pues igual hasta tiend razón el Supremo, pero los que vamos por la calle a pie y nos ganamos la vida sin hacer daño a nadie solemos pensar cómo es posible que traficantes, chorizos y demás gente de mal vivir estén siempre librándose y riéndose de la justicia, retorciendo leyes y derechos a su favor para salir impunes, y por qué la policía tiene tanto problema para demostrar el tráfico, cuando todos saben quién es quién, y por qué no les pagan mejores sueldos para evitar que caign en la corrupción... En fin, nos preguntamos por qué hay tan poco sentido común en la justicia, en la cuesta creer cada día un poquito más.
La sentència dels Jutjats de Palma se n'ha anat en orris, en una bona mesura.