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El tribunal que tendrá que dictar por orden del Supremo una nueva sentencia por el caso Kabul en la que sí se tengan en consideración las escuchas telefónicas inicialmente anuladas ha convocado este lunes a las partes a una vista previa.

En la vista, a la que no acudirán los encausados en este proceso por narcotráfico, las defensas y la Fiscalía podrán plantear sus argumentos de cara al nuevo pronunciamiento judicial.

El pasado 29 de abril el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia de Palma rehacer la sentencia de mayo de 2013 en la que absolvió a 40 acusados en el mayor proceso contra el narcotráfico de la historia de Baleares, porque entendió injustificada la anulación de las escuchas telefónicas.

El Supremo determinó que los mismos magistrados de la sección segunda que absolvieron a Francisca Cortés Picazo, «la Paca», una de las responsables históricas del narcotráfico en Mallorca y otros 39 procesados por tráfico de drogas, tienen que volver a dictar sentencia a la mayor brevedad posible.

Un tribunal presidido por el actual presidente de la Audiencia, Diego Gómez Reino, emitió en 2013 una sentencia absolutoria para la gran mayoría de los acusados y condenó a otros 11 con penas de entre 3 y 7 años de cárcel por delitos contra la salud pública en 10 de los casos, y por tenencia ilícita de armas en otro.

Los magistrados entendieron entonces que las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez instructor «constituían una medida de prospección», un criterio que contradijo a instancias de la Fiscalía el Tribunal Supremo.

«La Paca», antigua matriarca del poblado chabolista de Son Banya de Palma que está encarcelada por otros delitos, se enfrentó en el juicio del caso Kabul a una petición de pena de 19 años y medio de cárcel por diversas acusaciones en relación a una trama múltiple de tráfico de cocaína y heroína en Mallorca e Ibiza.

En el juicio, que se celebró de enero a abril de 2013 en unas dependencias especialmente habilitadas en el polígono de Son Rossinyol de Palma, la Fiscalía solicitó para los acusados penas que sumaban casi 700 años de prisión y multas que rondaban, en total, los 29 millones de euros.