Imagen de archivo de el ruso Alexander Romanov, conducido por un agente de la Guardia Civil tras declarar en los juzgados de Palma, por su presunta relación con la organización criminal rusa Taganskaya. | Efe

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La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha dictado un auto con el que pone fin a las pesquisas en torno a las supuestas operaciones de blanqueo desplegadas en Mallorca por el empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya'. La jueza ha abierto la vía para que el procesado sea juzgado junto a otros 12 imputados.

Mediante su auto de pase a procedimiento abreviado, la jueza decreta de este modo que continúe el proceso penal contra todos ellos por delitos continuados de blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y pertenencia a grupo organizado para delinquir.

La resolución, contra la que cabe recurso de reforma y de apelación, acuerda el archivo para la directora de una sucursal bancaria y el adquiriente de otro inmueble. La Fiscalía debe ahora presentar su escrito de calificación, en el que determine el alcance penal de los hechos y la pena que solicita para cada uno de los inculpados.

Romanov ingresó en prisión provisional en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

La investigación se había iniciado 20 meses antes, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales de Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el Hotel Mar y Pins, y cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que la organización criminal 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. De acuerdo a las investigaciones, Romanov es una pieza clave en este esquema y ha sido auxiliado por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales.

'Taganskaya'

De hecho, en su auto, la magistrada subraya que 'Taganskaya' es una de las principales organizaciones criminales asentadas desde los años noventa en Moscú, compuesta por más de 50 miembros y especializada en raids, fraudes bancarios, extorsiones y ejecución de asesinatos por encargo. Romanov es miembro activo de la misma y ya fue condenado a tres años y medio en Rusia por fraude a gran escala.

Es más, recalca cómo su mujer, Natalia Borisovna y los padres de ésta como testaferros, para quienes también mantiene su imputación, forman parte de la red societaria utilizada para la comisión delictiva.

Además, tras introducir en España el dinero procedente de la organización criminal a fin de aflorarlo en el mercado y conferirle apariencia de licitud, el matrimonio se rodeó de un grupo de personas a su servicio en el que se incluía un agente inmobiliario, un abogado, un policía, una empleada «fiel», un asesor fiscal y varios 'hombres de paja' con el objetivo de facilitar las inversiones y obtener la mayor rentabilidad posible.

Hotel Mar i Pins

De este modo fue como el 24 de febrero de 2010 Romanov, a través de su empresa Natali Mar i Pins, formalizó la compra ante notario del hotel del mismo nombre y una vivienda anexa. El precio escriturado era de 5,95 millones de euros, lográndose así, añade la jueza, la adquisición de un inmueble de alto valor, con perspectivas turísticas en una zona privilegiada de Mallorca y emprendiendo después costosas obras de reforma del hotel y la vivienda donde pasaron a residir.

Una compra y reforma para las cuales el matrimonio comenzó a transferir del entramado criminal numerosas cantidades a cuentas corrientes gestionadas por ambos, hasta un total de 12,8 millones, según relata el auto.

La resolución destaca que, tras ello, el grupo pretendía incrementar las inversiones en España y así buscaron más hoteles para comprar, si bien la intervención policial y judicial puesta en marcha impidieron que pudieran realizar finalmente otras inversiones en el país.