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El Gobierno remitió ayer a las Cortes el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico que permitirá incrementar hasta 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en determinadas condiciones y tramos de autopistas y autovía, y duplicar la multa por consumo de alcohol al volante hasta los 1.000 euros.

Tras haber sido sometida a los informes de los organismos pertinentes e, incluso al Comité español de representantes de personas con discapacidad, Cermi, y de la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal, Aesleme, el proyecto pasa ahora al Congreso.

Marzo

Según subrayó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, algunas de las medidas, como la subida de la velocidad, no entrarán en vigor hasta que no se apruebe el Reglamento de Circulación, previsiblemente en marzo.

Tampoco lo hará antes de esa fecha la reducción de los límites de velocidad en las carreteras convencionales o secundarias y en vías urbanas, pero sí entrarán en vigor a finales de año, cuando las Cortes aprueben la reforma de la ley, las sanciones por alcohol y drogas o el uso obligatorio del casco de la bici en ciudad para menores de 18 años.

La utilización o no de este elemento para el resto de ciclistas en las urbes no se decidirá hasta que concluya el debate que se lleva a cabo en una subcomisión del Congreso.

Fernández Díaz insistió en que en términos generales el límite máximo de velocidad en autopistas y autovías será el actual, 120, y sólo se subirá a 130 en determinados tramos en función de su índice de siniestralidad, características de la vía o condiciones climatológicas.

En relación con el anteproyecto, ya presentado por el ministro en julio, el texto recoge algunas de las aportaciones de los organismos consultados, como el Ministerio de Sanidad o Aesleme.

Así, el texto mantiene la prohibición de conducir con la presencia de drogas en el organismo, pero establece la excepción para aquellas personas que tengan que consumirlas por prescripción facultativa y una finalidad rehabilitadora, como las que reciben tratamiento para desengancharse de su adicción.

«No es justo ni razonable» que esas personas se vean privadas de conducir o tengan que suspender su tratamiento si lo hacen, ha dicho el ministro, quien ha dejado claro que esta salvedad de la ley está en consonancia con otras normativas de países avanzados.