Uno de los momentos del juicio que se está celebrando esta semana en Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Amenazas, acoso de todo tipo y finalmente palizas. Los policías que investigaron a la mafia de la cárcel de Palma revelaron los métodos del grupo para intimidar a los funcionarios de la prisión que entorpecían sus actividades. Así relataron cómo además de las amenazas al director –al que enviaron un corazón de cerdo a su casa– y a una jefa de servicio, llegaron a golpear al menos a otros dos. Uno de ellos finalmente pidió un traslado y, el otro, el acusado al que se atribuye otra de las redes delictivas, cuando fue preguntado por la policía por el incidente, dijo que se había caído por una escalera.

El inspector jefe que se encargó de la operación relató cómo la investigación surgió precisamente a raíz del envío del corazón de cerdo al director. A partir de ahí se señaló como sospechoso al principal acusado, Antonio Cao. La presa en tercer grado que le consiguió la víscera colaboró con la policía. Según explicó el investigador fue la primera que alertó de tráfico de drogas en la cárcel. «Era vox pópuli» que vendían.

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Los agentes del grupo de Homicidios que se encargaron del caso identificaron dos redes distintas para la introducción de estupefacientes en la cárcel. Al frente de la primera sitúan a uno de los acusados, Mario Fernández Lora. Éste no pedía dinero a los presos sino que consumía con ellos y, en ocasiones -según los agentes- solicitaba favores sexuales. Para introducir la droga se aprovechaba de que trabajaba en el economato de la cárcel. Al frente de la otra sitúan a Cao. Según el inspector jefe «se trata de una red más estructurada» y que comenzó a competir con la primera. Además de amenazar al primero, señalan que divulgaron que éste había sido expedientado por hacerle una felación a un interno. La tensión llegó a que Lora recibió una paliza. La policía lo supo por los pinchazos telefónicos que realizaba a los funcionarios. La víctima lo negó.

La red más importante se acercaba a presos «de caché», como el caso de Patrick Duchemin y les ofrecían sus servicios para introducir productos prohibidos en la cárcel. Para hacerlo empleaban los tornos de entrada para funcionarios, donde eran capaces de saltarse los controles.