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La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 109 años y nueve meses de cárcel y al pago de multas que se elevan a 9,45 millones de euros a los 13 miembros de una banda dedicada al narcotráfico a gran escala que introducía importantes cantidades de cocaína en Mallorca y que, gracias a su gran estabilidad personal y logística, logró actuar ilegalmente al menos desde octubre de 2009 hasta junio de 2010.

Mediante una extensa sentencia, el tribunal de la Sección Segunda acusa a los inculpados de delitos contra la salud pública, con las agravantes de reincidencia en el caso de cinco de los condenados. A juicio de la Sala, no han quedado acreditadas las atenuantes de drogadicción alegadas por las defensas puesto que «a lo sumo lo que se ha probado es el consumo de estupefacientes, pero no que afectara ello a la imputabilidad de quienes los consumían».

Y más, incide la resolución, teniendo en cuenta «la dinámica delictiva desplegada, a lo largo de casi un año, por todos y cada uno de ellos». Tampoco es de apreciar, según el tribunal, una atenuante basada en un supuesto estado de necesidad «porque tal no existió, a la vista, como tiene reiterado la doctrina jurisprudencial, de los bienes jurídicos en conflicto».

Según la resolución, los reos se proveían en Barcelona de la droga y la introducían en Palma para su distribución a clientes dedicados al narcotráfico, debido a la importancia de las cantidades de estupefacientes, lo que hacía innecesario que los propios miembros de la organización se dedicasen a la venta mediante 'menudeo'.

Para el desarrollo de su actividad, la banda utilizaba talleres de reparación de vehículos tanto en Barcelona, donde era el procesado Guiovany R.J. quien suministraba la droga, como en Palma a fin de que el camuflaje de la cocaína en automóviles fuera «lo más perfecto posible», lo que implicaba ayuda profesional tanto para el cargamento en la ciudad condal como para la descarga en la capital balear.