Nueve de los acusados ayer al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Palma.

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La banda que abastecía de cocaína a Son Banya y Son Gotleu denuncia al inicio del juicio que las escuchas telefónicas que desvelaron la trama fueron ilegales. La vista pública en la que el fiscal reclama penas que suman 148 años de cárcel para catorce acusados arrancó con dos cuestiones previas que buscan lo mismo: dejar fuera del juicio los pinchazos.

En el juicio responden los supuestos miembros de una de las bandas con mayor capacidad para mover cocaína desarticuladas por las fuerzas de seguridad en Mallorca. De hecho, los agentes interceptaron trece kilogramos de droga en dos vehículos que los acusados pretendían desembarcar en Mallorca. Los acusados fueron detenidos en una operación conjunta del GRECO y el ECO, los grupos especiales de policía y Guardia Civil contra el crimen organizado.

La trama, según el escrito de calificación fiscal, movía cantidades ingentes de cocaína entre Barcelona y Palma. También se sospecha que habían entrado en contacto con un grupo mafioso italiano para que les ayudara en labores de blanqueo. La policía les interceptó en pleno intercambio con los italianos en Madrid y requisó 512.000 euros.

En el banquillo se encuentran las dos ramas de la trama, la que traía la droga a España y que operaba en Barcelona y la que se encargaba de su distribución y trabajaba en Palma. El grupo vendía de forma exclusiva a grandes clientes, entre ellos clanes gitanos. La red no se dedicaba al menudeo. Al frente de cada una de las ramas se encontraban dos hombres de origen colombiano. Junto a ellos había una serie de lugartenientes encargados de coordinar la logística en el sitio. La policía investigó durante meses a la trama e intervino un vehículo que llegaba al puerto el 7 de abril de 2010. Escondidos en la puerta había tres paquetes cada uno con un kilo de coca. Meses más tarde, el 6 de junio de ese año, la policía detectó otro envío. En este caso había diez kilos de droga oculta bajo la moqueta del suelo.

El juicio contra los catorce acusados arrancó ayer y se prolongará durante toda la semana en la Audiencia. Durante la jornada de ayer no llegaron a declarar los acusados y sólo se debatieron las dos cuestiones previas sobre los pinchazos telefónicos.

El principal motivo esgrimido por las defensas es que las escuchas no se autorizaron por el juez sobre el número de los móviles sino sobre una clave que consta en las tarjetas y que identifica cada terminal, el número IMSI, una especie de número de serie del móvil. El letrado Carlos Portalo señaló que no se sabe cómo se consiguió ese número y que, por lo tanto, las escuchas pudieron vulnerar el derecho a la intimidad de los acusados. El fiscal, Julio Cano rechazó esta alegación y recordó que de lo que se trata es de identificar la línea, como se hizo. En otra cuestión previa, el letrado Alberto García Carpallo señaló que no había indicios para que se investigara a los acusados con pinchazos telefónicos. El fiscal recordó que los dos principales acusados tienen condenas previas de en torno a los diez años por narcotráfico.