El piso investigado está cerrado desde el verano pasado. | ALEX SEPULVEDA

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Cuatro trabajadoras del piso de acogida para mujeres con riesgo de exclusión de Palma investigado por las posibles vejaciones que sufrían las residentes ratificaron ayer ante el juez sus acusaciones. Las cuatro declararon como perjudicadas y relataron al magistrado tanto las precarias condiciones laborales que sufrían -la asociación les debe varias nóminas- como las condiciones 'dickensianas' que se imponían a las internas.

Una de ellas afirmó que el responsable del piso le obligaba a que limpiara su propio piso particular. Estos trabajos, según la testigo, se realizaban en horario laboral y se pagaban con el dinero de la propia asociación.

Otro punto en el que coinciden varias de las testigos es que el perfil de mujeres que se aceptaban en el piso dependía que se recibiera una subvención por ellos. Así, lo que estaba pensado sobre el papel para acoger a mujeres o transexuales que salían de la prostitución nunca cumplió ese papel.

Subvenciones

Una de las trabajadoras dejó claro que el criterio que tenían los dos responsables era precisamente que el Ajuntament de Palma pagara algún tipo de subsidio por el perfil de las acogidas.

Las testigos también señalan lo precario de la administración del piso. No había transparencia ni presupuestos y, a pesar de haber recibido más de 90.000 euros en subvenciones públicas el pago del alquiler nunca estaba al día y desde principios del año pasado comenzó a haber retrasos con las nóminas de las trabajadoras. Con todo, lo más grave, según relatan es que comenzó a faltar comida en la casa. Incluso señalan que ellas mismas tenían que comprar alimentos o traerlos desde sus propias casas. Las trabajadoras defienden sin embargo a las mujeres que había internas. Pese a los problemas que éstas arrastraban señalan que eran «buenas madres» y que había un buen clima en el piso, gestionado por la Federación de Asociaciones de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Palma. La asociación siempre ha rechazado las acusaciones y ha atribuido la denuncia a un problema laboral con las empleadas, a las que adeudan numerosas nóminas.