Víctor Malagón19/11/09 0:00
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Después de siete días de vista oral, el juicio por el derrumbe del Hotel Tívoli quedó el martes visto para sentencia. De la decisión judicial ahora mismo sólo depende la situación de dos acusados: el constructor del inmueble, Joan Rigo y uno de los arquitectos técnicos, Carlos Anselmo Blanco. El promotor de la obra, José Forteza-Rey, el arquitecto Juan Antonio Vila y el aparejador Sebastián Àngel Martínez pactaron una pena que no implica su ingreso en prisión. Los abogados defensores de los tres, Manuel Pomar, Rafael Perera y José Zaforteza, concordaron con el fiscal una petición de un año y ocho meses de prisión para cada uno por delitos contra la seguridad de los trabajadores y de homicidio y lesiones imprudentes. El fiscal retiró la acusación contra el responsable de la empresa que realizó el plan de riesgos laborales, Juan Prats, defendido por Andrés Haro, al no apreciar delito en su actuación durante el derrumbe.

Los tres condenados por conformidad suman penas menores a los dos años de prisión, por lo que no tendrán que ingresar en prisión ya que la aplicación de la sentencia podrá ser suspendida.

El fiscal Miguel Àngel Anadón mantuvo en sus conclusiones finales una petición de cárcel también de un año y ocho meses de cárcel contra Joan Rigo, mientras que su defensa reclama la absolución. Rigo sostuvo durante el juicio que el se limitó a ejecutar las obras que le pedía el promotor bajo la dirección de los arquitectos, por lo que afirma que no tiene responsabilidad en el derrumbe. Anadón también mantiene la petición de seis meses de cárcel por un delito contra la seguridad de los trabajadores para Anselmo Blanco.

Buena parte del juicio quedó decidida en la primera sesión, celebrada el pasado día nueve de este mes. Ese día, las acusaciones particulares y las defensas llegaron a un acuerdo por el que las víctimas han recibido 1'7 millones de euros en concepto de indemnización. A raíz de ese pacto, los representantes legales de las víctimas retiraron sus acusaciones y dejaron el juicio, lo que dio pie a que los tres principales acusados pactaran también su responsabilidad penal.

En su calificación inicial el fiscal solicitaba una pena de cinco años y nueve meses de prisión para cada uno de los seis acusados.