Los jueces de Instrucción de Palma dan un nuevo toque de atención a la Delegación del Gobierno por los retrasos al analizar la droga intervenida en casos de tráfico de estupefacientes. La Junta de Jueces aprobó por unanimidad una resolución en la que se alerta de retrasos de más de un mes en la práctica de análisis. En el documento se advierte de que la situación hace que se cuestionen «seriamente» la procedencia de mantener medidas cautelares contra detenidos por estos delitos, lo que, advierten, generaría un riesgo de fuga en arrestados por delitos graves.
La Junta de Jueces es el órgano de representación que reúne, en este caso, a los magistrados titulares de los 12 juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Palma. En la sesión en la que se tomó la resolución estuvieron presentes diez de los doce jueces y todos ellos aprobaron el acuerdo. Entre otros hechos, el documento denuncia que Delegación del Gobierno ha establecido un sistema de cita previa para recoger las partidas de drogas intervenidas. De esta forma, cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional o local que aprehende la droga no puede entregarla de forma inmediata, sino que tiene que esperar su turno, lo que demora todo el proceso de investigación de los delitos contra la salud pública. En casos en los que hay personas detenidas, el retardo impide aclarar si la sustancia es en efecto un estupefaciente, su peso o su nivel de pureza. El acuerdo de los jueces denuncia la situación y acuerda llevar a cabo gestiones para evitar que se mantenga la situación.
La denuncia de los jueces sobre los retrasos no es nueva. De hecho, hace un año, el magistrado José Castro, protagonizó una polémica con el delegado del Gobierno, Ramón Socias por el mismo motivo. En aquel momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 amagó con imputar un delito de desobediencia grave al delegado si no le enviaba sin excusa el análisis de una droga cuya investigación había recaído en su juzgado. Mediante un oficio, Castro señalaba que los retrasos eran constantes.
Tras aquel toque de atención, el delegado reconoció la existencia de un problema y manifestó que: «Lo importante es solucionarlo lo antes posible porque afecta a los ciudadanos». Tras aquel episodio, la situación no ha cambiado y, en esta ocasión, la protesta no proviene de un sólo juez a título individual, sino que viene avalada por diez.
La situación no es exclusiva de los juzgados de Palma. El juez decano de Eivissa ha protestado también de forma reiterada por estos retrasos. De hecho, en ese partido judicial se han llegado a producir excarcelaciones de detenidos por narcotráfico dado que las pruebas de las sustancias intervenidas se han retrasado durante un periodo de tiempo excesivo para mantener medidas cautelares de privación de libertad.
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