La 'operación Kabul' avanza en su trámite judicial. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ha dictado un auto de procesamiento por el que implica a 63 personas en delitos de tráfico de drogas, receptación de material robado y tenencia ilícita de armas. Además, fija una fianza de seis millones de euros que deberán abonar de forma solidaria todos los implicados. El magistrado, por último, ordena mantener la situación de todos los procesados, lo que implica que muchos de ellos seguirán en prisión provisional.
El auto implica que se abrirá juicio oral contra estas 63 personas, si bien, las defensas tienen un plazo de tres días para recurrir esta decisión, algo que varias ya han anunciado que harán.
En julio de 2008, la Guardia Civil puso en marcha la 'operación Kabul'. Más de un centenar de agentes tomaron el poblado de Son Banya y descabezaron al clan de Francisca Cortés Picazo, 'la Paca'. 'El Farru' y 'la Parrala' Tras más de un año de tramitación del sumario, el juez incluye ahora a los principales miembros de este clan entre los procesados. Así, además de 'la Paca', se encuentra procesados sus hijos, 'la Guapi' y 'el Ico', su hermano 'el Moreno' y otros miembors del clan, como 'el Tarta'. La que hubiera estado también es 'la Parrala', asesinada hace poco más de un mes. Sí está el presunto autor del disparo que acabó con su vida, 'el Farru' y el supuesto cabecilla de la red que abastecía al clan de Son Banya, 'el Pony'.
El magistrado indica que existen varios tipos de indicios para seguir adelante con la acción judicial. Por un lado el material incautado en los registros en el poblado, en el que se descubrieron joyas, una gran cantidad de droga y objetos de gran valor como automóviles. Además, existe un gran número de intervenciones telefónicas que: «Ponen de manifiesto las relaciones entre los diversos integrantes de la organización y de las ramificaciones y clanes que la integran, así como la actividad a la que se dedican». Entre otras, el auto recoge conversaciones de 'la Paca' con uno de sus proveedores, en las que señala: «Oye, que estoy muy malita, ¿cuándo vas a venir a verme?». Al responderle su interlocutor que en una semana, la jefa del clan insiste: «Venga por favor, estoy mal, estoy muy mal». A juicio de la investigación esto indica que la matriarca había agotado sus existencias de droga y que solicitaba un nuevo cargamento. Otras grabaciones también muestran a varios procesados hablando de pagos o de la necesidad de reclamar deudas de miles de euros.
Las declaraciones de los imputados ante la policía y el propio juez se contradicen mutuamente y en ellas son frecuentes acusaciones recíprocas y «argumentos inverosímiles», según señala el magistrado Antoni Rotger.
Pese a todo, la principal prueba en contra de los 63 son los seguimientos policiales y otras pesquisas que hacen que existan «indicios claramente incriminatorios».
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