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El conflicto que se ha generado en la Policía Local de Capdepera, a raíz de haberse decretado por parte del Ajuntament la separación cautelar del servicio del inspector jefe, un subinspector y un agente, puede acabar ante un tribunal de justicia ordinaria.

Aurelio Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha «advertido» por escrito al Ajuntament que formulará una denuncia por el presunto delito de actividad antisindical.

Martínez ha manifestado a Ultima Hora que la demanda la formulará en representación del sindicato, si no se retira la sanción de dos meses que se ha impuesto al agente Francisco Salinas, que es el enlace sindical en la Policía Local de Capdepera. Aurelio Martínez añade que dicha sanción se impuso «al hacer su propia interpretación los responsables del Ajuntament de lo que es una actividad sindical. El enlace de UGT, en una asamblea autorizada, solicitó el voto para UGT y en un momento dado dijo a los asistentes que si padecían una enfermedad tenían que ir al médico y pedir la baja, además de aconsejarles de que no hicieran horas extras». Para Martínez, sancionar por ello al sindicalista entra dentro de lo que es el delito de actividad antisindical, por lo que ha enviado dos escritos al Ajuntament «y si no se anula la sanción acudiremos directamente a la justicia».

Todo este conflicto se inició el pasado año pero, en principio, se acusaba a los tres miembros del Cuerpo, y sobre todo al inspector jefe como responsable directo de la Policía Local, de haberse quedado dinero de las multas de tráfico. En base a esta presunción se abrió un expediente en el que estuvo trabajando un abogado de la Conselleria d'Interior. El expediente siguió su curso, pero por parte del interventor del Ajuntament de Capdepera se entregó al alcalde un documento firmado, en el que se dice que en los ejercicios de 2006 y 2007 «no consta la falta de dinero» por las multas de tráfico. También, en una investigación efectuada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se concluye en un informe que «no está acreditada» la falta de dinero.

Después, desde el Ajuntament se promovió el expediente contra el policía Francisco Salinas y otro contra el subinspector Joaquín Rodríguez, éste último delegado sindical de UGT, al que se le atribuye un caso de moobing.

En la plantilla se ha escrito una nota, que se considera como «un mensaje de apoyo a los tres sancionados», y en la que aparecen las firmas de 22 agentes. En la nota se señala que «entendemos que la sanción es del todo injusta y carente de motivación real y objetiva».