Catalina Cirer, en un instante de la rueda de prensa en la que compareció ayer. Foto: JOAN TORRES

TW
0

La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha presentado en los juzgados una querella criminal contra el ex concejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos por el delito de malversación continuada de caudales públicos y ha solicitado, además, que le impongan una fianza de 70.000 euros. Esa decisión tendrá que adoptarla la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma, Ana San José, que instruirá la causa. Rodrigo de Santos gastó «más de 50.000 euros» en clubes de alterne y saunas de ambiente 'gay' con cargo a las arcas municipales a través de una tarjeta Visa Business Plata, según el resultado de la investigación iniciada tras una denuncia del actual equipo de gobierno de Cort.

El escrito de la Fiscalía insiste en que De Santos debe ser citado (por la jueza) «de inmediato», dada la gravedad de las penas, entre 6 y 8 años de prisión, que lleva aparejado el presunto delito que se le imputa. Todo ello, «para tramitar la adopción de medidas cautelares personales que contra él se van a interesar», señala la querella.

Además, el Ministerio Público solicita que se tenga «por dirigida la acción penal contra el querellado y se incoen diligencias previas sin perjuicio de que, posteriormente, pueda acordarse la acomodación al procedimiento de la Ley del Jurado, y que se haga ofrecimiento de acciones legales al Ayuntamiento de Palma».

La querella subraya que Rodrigo de Santos «se aprovechó a lo largo de los años 2006 y 2007 de su condición de concejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma y de su cargo como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) para utilizar en su exclusivo beneficio particular los fondos públicos de los que tenía poder de disposición». «De ese modo, llegó a gastar, al menos, fondos públicos por un valor total superior a los 50.000 euros en servicios y compras que, en absoluto, revertían en beneficio de la administración y que no eran necesarios para las funciones públicas encomendadas y que únicamente pueden tener la consideración de gastos personales y particulares», señala el escrito.