Imagen de la entrada de la finca de Ses Barraques, donde se produjeron los vertidos incontrolados y contaminantes.

TW
0

El fiscal pide una pena de cinco años y nueve meses de cárcel para un empresario acusado de vertidos incontrolados en la finca de Ses Barraques (Calvià), en una actuación que en su momento fue calificada como una de las mayores agresiones al medio ambiente cometidas en Balears en los últimos años.

El inculpado es Bartolomé Q.A., copropietario y administrador de la sociedad Motecal S.A. En 2001, este hombre alquiló unos 60.000 metros cuadrados de dicha finca para la instalación de «un centro de valoración y reciclaje de productos inertes procedentes de la excavación».

Sin embargo, la Fiscalía afirma que en realidad comenzó un vertido incontrolado de residuos de construcción y demolición, plásticos, neumáticos y restos urbanos, que además se llevó a cabo en una finca que está calificada como ANEI (Àrea Natural de Especial Interés) de la Serra de Tramuntana.

Los vertidos siguieron hasta el año 2003, cuando el Ayuntamiento de Calvià y un juzgado ordenaron su clausura a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente. La denuncia estaba basada en un minucioso informe elaborado a lo largo de varios meses y en el que participaron peritos del Departamento de Tierra de la UIB. A través de varias fotos aéreas, se pudo comprobar que se había arrasado una gran superficie boscosa, engullida por un talud de vertidos de al menos cuatro metros de altura y 500 metros de longitud.

Luego, una inspección llevada a cabo por la Conselleria de Medi Ambient reveló que se vertían residuos de construcción y demolición junto con restos urbanos, plásticos y neumáticos, que en muchos casos caían directamente sobre los árboles y los sepultaban.

El informe también alertaba del elevado riesgo de filtración de sustancias contaminantes para las aguas subterráneas y sobre la cabecera de un torrente tributario del torrente de Santa Ponça. Según un examen, la maquinaria pesada había allanado el talud con pendiente hacia el torrente sepultado, con lo que todo tipo de materiales contaminantes caían hacia las aguas.

Según Fiscalía, los valores naturales y paisajísticos el lugar son «extraordinariamente relevantes», e incluyen bosques de algarrobo, acebuche y pinar, con algunos árboles de más de 11 metros.

El informe también desvelaba las secuelas del vertedero, incluyendo «alteraciones en la calidad del aire, incrementos en los niveles de ruido en la zona, alteraciones físicas del suelo, aumento de erosión, destrucción del hábitat de especies, incremento del riesgo de incendio y alteración de la riqueza paisajística».