En ese sentido, las fuentes del Consistorio andritxo indicaron que «las dobles ventas se legalizaban ante notario y en el Registro de la Propiedad, pero no llegaban al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del Ajuntament».
Las mismas fuentes indicaron que «nos encontramos ante un caso claro de intento de vulnerar la legalidad por parte de particulares para llevar a cabo una estafa».
En todo caso, y a efectos de pago de impuestos, «los cambios de titularidad quedaban registrados en Intervención, pero no en Urbanismo, de manera que los funcionarios nunca podían saber si había algún enredo dada su apariencia de legalidad».
Respecto a las segregaciones de terrenos que firmaba Jaume Massot, las fuentes municipales consultadas indicaron que «él no tenía por qué saber que se trataba de estafas; simplemente certificaba que la segregación era legal», y añadieron al respecto que «el mecanismo de cambios de titularidad es tan complejo que hace posible que se vulnere la Ley, pero no se puede responsabilizar de eso a un técnico municipal que no tiene modo de saber cómo se hacen las compraventas entre sociedades».
En todo caso, habrá de ser la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Anticorrupción la que determine si ésta versión interna del Ajuntament de Andratx se corresponde con la realidad.
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