TW
0

E.L.V./EFE
Los nuevos y polémicos turnos de vigilancia en las sedes judiciales de Mallorca se pusieron en marcha ayer por la mañana, provocando las primeras reacciones. El delegado del Gobierno, Ramon Socías, explicó que el recorte en la presencia de vigilantes de seguridad en algunas sedes judiciales se ha debido a «un malentendido» sobre los horarios que debía cubrir la empresa adjudicataria de este servicio, y anunció que el desajuste se subsanará «antes de quince días».

El delegado recalcó que «estos días la Policía Nacional se hará cargo» de la vigilancia en los periodos que no cubra la empresa privada hasta que el problema se resuelva. Esta medida se puso en marcha ayer mismo en la Audiencia Provincial, donde dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía custodiaban la entrada junto a la silla vacía del vigilante. Todas las personas que accedían al edificio lo hacían pasando por el arco de seguridad que, paradójicamente, está ahora apagado y fuera de uso de manera definitiva, puesto que el vigilante custodiará el edificio entre las 15.00 y las 22.00 horas, cuando ya está cerrado y no se realizan controles.

Socías aseguró que la confusión proviene de «las plicas de contratación», por lo que «en los próximos días se hará una ampliación (del contrato) para que se cubran las horas» no contempladas.

«Ha habido algún estamento que en vez de preocuparse por la solución, como es de agradecer que sí han hecho el presidente del Tribunal Superior (Antoni Terrasa) y el fiscal jefe (Bartomeu Barceló), se ha dedicado a hacer política», agregó Socías.