La Guardia Civil ha confirmado que el médico extendió un parte por lesiones del discapacitado, que sufría erosiones en una mano y había recibido un puñetazo en el pecho. Por otra parte, ayer trascendió que Andreu Genestra, el director encarcelado, cobraba anualmente 300.000 euros en subvenciones y otros 300.000 en productividad. Muchas de aquellas ayudas económicas no fueron utilizadas para cursos de formación a los discapacitados, tal y como se había establecido. También se han descubierto profesores ficticios, que cobraron por charlas y cursos que nunca impartieron. La Benemérita rastrea quién se beneficiaba económicamente de aquella malversación.
Las diligencias judiciales y policiales siguen a buen ritmo, amparadas por el secreto de sumario decretado por el juez. Han declarado numerosos testigos, entre discapacitados y otros trabajadores relacionados con la empresa Per Envant, y en breve se citarán a otras personas, entre las que podría estar la concejala Inés Maroto, que mantenía contactos profesionales con Genestra y presentó algunos cursos que nunca llegaron a realizarse.
La relación del director con la conselleria de Treball, que le adjudicó importantes subvenciones, está en el punto de mira de los inevstigadores. Una veintena de disminuidos siguen trabajando en la empresa de formación de Inca y la mayoría se negó a que María C., la supuesta maltratadora, se reincorporara al centro tras quedar en libertad.
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