Los residentes volvieron a insistir en que la demolición se produjo sin previo aviso y con algunos de ellos dentro. Ese fue el caso de Benita, que al llegar la pala excavadora comenzó a sacar sus enseres personales, asegurando que «temblaban las paredes». Un policía entró en la vivienda y le conminó a salir inmediatamente. De hecho, su cochera es contigua a una gran zona completamente demolida.
La nota recuerda al propietario que las casas «están habitadas y que existen contratos en vigor por parte de los inquilinos». También requiere a los propietarios de «que se abstengan de amenazar ni coaccionar a mis clientes con la obligación de salida de sus domicilios, ya que detentan todo el derecho para residir en ellas». El aviso concluye advirtiendo con que «en caso de no atender al mencionado requerimiento, se tomarán las medidas legales oportunas, con gravísimas consecuencias para ustedes».
El letrado de los inquilinos, Miguel Àngel Villalonga, considera que estos hechos podrían constituir otro delito de coacciones, y podría presentar una nueva denuncia en próximas fechas, junto con las ya remitidas a un juzgado de Instrucción por delitos de daños. Ayer mismo regresó a la propiedad un marroquí que había pasado 10 días visitando su país, y que al entrar en la finca descubrió que su casa ya no existía.
Otra residente explicó ayer que tuvo que sacar a toda prisa a sus hijos de la casa, que forma parte de la estructura original y más antigua en la que se ubica una finca de campo tradicional. No obstante, la casa no llegó a ser demolida por la intervención de la policía.
Algunos de los residentes ya han realizado inventarios de los objetos perdidos en la demolición, con vistas a reclamar que les devuelvan el valor de todo lo perdido.
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