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El jurado popular ha considerado a Bernd Ecker culpable de asesinato por unanimidad. Al ciudadano alemán se le imputaba la muerte de su novia, una guía de viajes belga llamada Vicky Keller, el 1 de marzo de 2002. Los miembros del jurado consideraron que la muerte se produjo «de una forma alevosa y aprovechando el estado de semiinconsciencia de la víctima», basándose en los distintos informes forenses realizados sobre el cadáver, así como los signos de lucha y defensa que presentaba Ecker, coincidentes con las lesiones de la víctima.

Otra de las pruebas que valoraron fueron la coincidencia entre los materiales que se hallaban en los alrededores del cadáver y los que el condenado utilizó para fabricarse un traje con el que fue encontrado vagando por las calles de Manacor. Estos materiales eran trozos de plástico, porexpán y papel higiénico.

El jurado descartó la participación de una segunda persona en el crimen, y no consideró «relevante» el hallazgo de un pelo sin raíz que fue encontrado en el lugar del crimen, que la policía no mandó analizar en su momento. Esta consideración desmonta la coartada en la que el acusado basó su defensa, ya que Ecker llegó a afirmar en repetidas veces que el asesino era un hombre llamado Erik, y del cual la policía no ha encontrado ningún rastro.

El jurado también descartó el supuesto transtorno mental transitorio que el inculpado alegó padecer la noche del crimen, así como una amnesia que le habría durado un año entero. Tras el veredicto, el Ministerio Fiscal y acusación particular mantuvieron su petición de 20 años de prisión para el acusado. Las acusaciones también solicitaron una prórroga de la prisión preventiva hasta el máximo permitido, una medida con la cual pretenden evitar que Ecker pueda regresar a su país una vez finalice el periodo inicial de prisión preventiva, el próximo 10 de junio. Asimismo, el representante de la familia Keller, Eduardo Valdivia, elevó la propuesta de indemnización de 100.000 a 120.000 euros. Por su parte, el abogado defensor ha solicitado que la pena se rebaje a 17 años y seis meses.