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La mujer, a través del abogado Eduardo Valdivia, que la representa como acusación particular, reclama contra su esposo una pena de tres años de prisión por un delito de extorsión. El fiscal y el abogado defensor Gregorio San José piden la absolución. En el año 2001 la pareja decidió separarse. Durante seis meses discutieron la fórmula más adecuada para repartirse los bienes comunes, que era un chalet en Santa Maria valorado alrededor de 240 mil euros. La mujer trabaja como funcionaria interina en un departamento del Consell Insular de Mallorca. De una amistad con el conseller pasó a ser su pareja sentimental antes de separarse. El político estaba separado. El acuerdo inicial consistía en vender la vivienda y repartirse el dinero y al mismo tiempo pagar a medias las deudas. A ambos les representaba el mismo abogado. El día de la firma del acuerdo de separación el marido le mostró a su esposa un informe de un detective privado. El informe incluía unas fotos y un vídeo en el que ella aparecía besándose con su jefe, el político. El marido, según sostiene la acusación, a partir de ese momento chantajeó a su mujer para no hacer públicas las fotos. La esposa preparaba las oposiciones para ser funcionaria fija del CIM y, según ella, su marido le dijo que si se descubrían estas imágenes podrían suscitar muchas dudas en los exámenes. Por ello le propuso comprarle su parte de la casa por 15 mil euros y la citó al día siguiente para firmar el acuerdo ante un notario. A cambio él le entregaría las fotos. La mujer dice que se sintió atemorizada, pero que acudió al despacho del notario y que «firmé, sin saber que hacía, todos los documentos que me entregaron», entre los que había unos poderes de ratificación del acuerdo de separación.